Un juez obliga a hacer funcionaria a una trabajadora del plan de empleo

Saúl FERNÁNDEZ

El Ayuntamiento de Avilés deberá readmitir a una trabajadora de los planes de empleo local porque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) considera que la entidad municipal cometió un fraude de ley cuando la despidió el pasado mes de enero.


Según se puede leer en la sentencia dictada el pasado seis de noviembre, la empleada fue contratada por obra y servicio para participar en el plan «Avilés: ciudad del aprendizaje», sin embargo, «desde el inicio de la contratación (la empleada) ha venido prestando servicios en el departamento de intervención municipal».


Para el juez del TSJA, las funciones que despeñó la trabajadora fueron «una actuación general y ordinaria de carácter permanente» o, lo que es lo mismo, no se puede contratar trabajadores aprovechando las subvenciones a la creación de empleo (del Principado) y destinar a los trabajadores contratados a otras funciones porque se crea un carácter indefinido en la relación laboral.


El juez en su sentencia -que no recurrió el Ayuntamiento- recuerda al Consistorio que los requisitos para hacer un contrato de obra y servicio son cuatro: que esta obra tenga que ver con la actividad de la empresa, que su duración sea incierta, que se especifique claramente las funciones a desempeñar y que el trabajador sea ocupado en las funciones relacionadas. Para que exista un contrato de obra y servicio, insiste el magistrado, «es necesario el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y la falta de uno de ellos es causa suficiente para la nulidad, no del contrato, pero sí de la cláusula de temporalidad».


El sindicato USIPA, mayoritario entre los funcionarios del Principado de Asturias, considera que todos los trabajadores contratados hasta el próximo 31 de diciembre por los planes de empleo locales de Avilés, pueden reclamar judicialmente que se les haga indefinidos, lo que pone en riesgo este tipo de actividades destinadas a fomentar la incorporación laboral «El Ayuntamiento de Avilés ha infringido la ley y la sanción jurídica que percibe es la indefinición del contrato de la trabajadora que lo reclamó», comentó Manuel Gómez Mendoza, responsable de los servicios jurídicos de la USIPA.


La situación provocada por la readmisión de la trabajadora de los planes de empleo obligó al Ayuntamiento, según indicó Gómez Mendoza, a reunir a los representantes sindicales municipales para proponer la eliminación de una cláusula del convenio local por la que queda en el trabajador la elección del cobro de la indemnización o la readmisión. Según indicó Mendoza, se negaron a aprobar tal propuesta los sindicatos USO y CC OO.