Las cifras del paro de 2009 en la comarca -10.048 desempleados a día 1 de enero- son «muy preocupantes» para los sindicatos, equivalentes a las que se produjeron en los primeros años de la década de los noventa, el tiempo de las reconversiones y la venta del capital público a las multinacionales más importantes del planeta. «Entonces alcanzamos los 12.000 parados en la comarca, que son casi tantos como ahora, aunque las causas sean diferentes», recuerda José María Laso, responsable nacional de la siderurgia en CC OO y, en aquellos primeros años de la pasada década, en el comité de Ensidesa. «La destrucción de empleo entonces fue enorme. Lo que teníamos que hacer era cambiar el modelo productivo», opina José María Olmedo, actual secretario comarcal de MCA-UGT. «Llegaron nuevos empresarios, los que había se estaban adaptando a lo que exigía la Unión Europea», añade Miguel Ángel Pico, por entonces secretario comarcal de USO. Olmedo explica que la situación actual de la crisis se debe «al hundimiento del sector del ladrillo y eso que Avilés no ha sido una comarca tan afectada, precisamente, por la construcción», apostilla.
La sangría del desempleo en aquellos años de la reconversión tuvo causas tan generales como «la mayor población activa, Ensidesa llegó a las 16.000 personas empleadas», apunta Laso. «La adecuación a la nueva manera de trabajar se llevó muchos empleos, pero también se tradujo en más prejubilados», explica. «Ahora estamos en una situación singular en la comarca de Avilés: nada se decide aquí, las órdenes vienen de fuera; estamos en un sistema de multinacionales y a los grandes ejecutivos no les preocupa cerrar en Avilés porque pueden abrir en cualquier otro país», se lamenta el sindicalista de CC OO.
¿Cuál es la solución? Miguel Ángel Pico cree que se encuentra en «una política pública de grandes infraestructuras... hay que tirar del consumo y eso se hace ayudando a los trabajadores, a los que están en activo y a los que están en paro». Laso, sin embargo, apuesta por la industria. «Lo que sucede es que las administraciones públicas, el gobierno local o el regional no pueden ayudar a las grandes empresas sin más, no vale eso de ceder suelo, de gestionar el abaratamiento de la factura de la energía... si se hace todo eso se tiene que hacer por algo a cambio. Se deberían imponer cláusulas que garanticen el empleo».