Piedras Blancas, I. MONTES
El Juzgado de lo Social número 2 de Avilés ha dado la razón al Ayuntamiento de Castrillón por el despido de tres socorrista el pasado verano que se negaron a realizar las funciones que les encomendó el coordinador del servicio. La sentencia considera la conducta de los tres socorristas como «desobediencia grave, trascendente e injustificada». Los socorristas en su denuncia habían acusado al coordinador de «connivencia con la alcaldesa, Ángela Vallina y otros miembros de la Corporación, y de prevaricación y discriminación». La juez estima «perfectamente comprensible el despido», en atención a «las circunstancias y gravedad de los hechos».
Los denunciantes formaban parte del equipo municipal de salvamento y socorrismo que coordinó el pasado verano Ignacio Flórez. El descontento, que terminó con la denuncia ante el juzgado, se debió a que los tres socorristas no estaban de acuerdo con las playas a las que se les había destinado por considerar que debería de tenerse en cuenta la antigüedad del personal en la distribución de los arenales.
La Alcaldesa arremetió ayer contra el PP que, cuando surgió el problema, apoyó a los denunciantes y acusó a Vallina de sectarismo político y exigió «medidas drásticas contra el coordinador». «La sentencia es una demostración más del partidismo absoluto que practica el PP con el único propósito de desprestigiar al gobierno local. El PP es capaz de utilizar cualquier pretexto para atacar decisiones que, como ésta, estaban perfectamente motivadas». Vallina pidió al PP que se disculpe públicamente con el coordinador del servicio de salvamento «pues no dudaron en atacarlo públicamente cuestionando su profesionalidad y, amparando con su actitud, una insubordinación intolerable, al tratarse de un servicio del que dependen vidas humanas. El portavoz del PP, Jesús Pablo Nuevo-Quiñones, debería excusarse públicamente con el coordinador». La alcaldesa añadió que la conducta del coordinador ha quedado también refrendada en el fallo judicial.
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