ÁLVARO LOZANO SOL
PROFESOR
El próximo 4 de febrero en el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, la Consejería de Educación y Ciencia de Asturias tiene previsto celebrar un evento conmemorativo del décimo aniversario del traspaso de competencias en materia de enseñanza no universitaria a nuestra región.
En el momento en el que escribo estas líneas desconozco si está previsto algún acto más para recordar el transcurso de este decenio y tampoco sé el contenido del evento anunciado en Oviedo, pero tengo la convicción que tendrá carácter festivo y estará impregnado de alabanzas y elogios hacia la política educativa del Gobierno asturiano.
Y mientras unos tienen previsto celebrar una fiesta, los trabajadores de la enseñanza concertada, convocados por las organizaciones sindicales del sector, estaremos en otras actividades menos atractivas, la primera de ellas secundando una huelga el miércoles 27 de enero.
Es elevada la cantidad de papel y tinta que se necesitaría para enumerar y explicar las reivindicaciones de los trabajadores de esta red que atiende al 27 por ciento del alumnado con una dotación inferior al 12 por ciento del presupuesto de Educación para la enseñanza no universitaria. La inmovilidad desde el año 2000 del número de docentes por unidad, la precariedad del personal de administración y servicios, la revisión del acuerdo retributivo, el reconocimiento de antigüedades contrastadas, el acuerdo de jubilaciones, la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales? Una larga lista de temas en los que no se ha avanzado lo más mínimo en muchos años y ante los cuales la Consejería de Educación ha despreciado la negociación de manera sistemática.
A la ausencia del más mínimo interés negociador se suman la adopción de posturas insólitas respecto al resto de autonomías españolas y el desparpajo de utilizar con extraordinaria soltura el «donde dije digo, ahora digo Diego». Un significativo ejemplo es el caso de la paga por los 25 años de servicio, pactada en convenio nacional y recurrida exclusivamente por el Gobierno asturiano a sabiendas que la jurisprudencia le es totalmente adversa. Ante la Junta General del Principado, el señor Riopedre, consejero de Educación, se comprometió a acatar la sentencia de la Audiencia Nacional, cosa que no hizo al ser ésta favorable a los docentes. El Supremo, que ya dio la razón a los trabajadores en mayo de 2003, volverá a dictaminar ahora.
En Asturias, el trato despreciativo de los gobiernos socialistas hacia la enseñanza concertada y hacia los que trabajamos en ella no se circunscribe al tiempo que venimos padeciendo las transferencias educativas, es un comportamiento que se remonta muchos años atrás, cuando en los años ochenta don Antonio Trevín, por entonces director provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, se preocupaba más por saber quién había roto una puerta en la Delegación que por agilizar la liberación de unos modestos atrasos, tan modestos como necesarios para los trabajadores.
Por cierto, hace pocos días, mientras apuraba el menú del día antes de dirigirme a realizar mi jornada laboral de la tarde, me alegró mucho ver pasar con muy buen aspecto al señor Trevín acompañado de un nutrido séquito hacia la zona VIP del restaurante. En el exterior, varios coches oficiales aparcados en una zona en la cual el vehículo de cualquier contribuyente de a pie sería rápido bocado para la grúa. Salud.