E. CAMPO
La fiscal solicitó ayer que se desestime la demanda de los críticos del PP contra el presidente del partido, Joaquín Aréstegui, a quien acusan de haber orquestado un proceso electoral antidemocrático. Esa fue la conclusión más destacada del juicio que se celebró ayer en los tribunales avilesinos y que, a petición de la juez Raquel Villanueva, se celebró a puerta cerrada.
Cerca de dos horas se prolongó la sesión en la que además del demandante -Juan José Martínez- y el demandado -Aréstegui- acudieron, en calidad de testigos, la diputada nacional y concejala Carmen Rodríguez Maniega; el ex portavoz del PP y concejal en el Ayuntamiento avilesino, Manuel Peña; los ex concejales Francisco Menéndez y José Antonio Valbuena; la secretaria del PP, Marta Fernández, y el presidente del último congreso local del partido, Carlos Guerrero. El contundente informe de la fiscal, que no realizó ninguna pregunta durante el proceso, insufló ánimos a la actual dirección del partido. En unos días se conocerá la sentencia.
Pedro Gorriz, abogado de Joaquín Aréstegui, explicó a la salida del juicio que la defensa de su cliente pivota sobre dos aspectos principales: el primero, que no tiene legitimación para representar al PP, y el segundo, que todos los argumentos de la acusación «se caen por su propio peso». Ambos aspectos fueron también a los que apeló la fiscal para pedir la desestimación de la demanda.
La vista, que se celebró ayer, tiene su origen en el descontento de un grupo de afiliados del PP a raíz del último proceso congresual del partido, que se celebró en el mes de abril de 2009. En efecto, tras un tenso período de puestas al día de pago masivas para poder participar en el congreso, Manuel Peña decidió encabezar una lista alternativa que, finalmente, no sumó suficientes avales como para concurrir a la votación.
El sector crítico manifestó entonces que el proceso no había sido limpio, y por eso intentaron conseguir la suspensión cautelar del congreso, algo que el juez desestimó. Esto no les desanimó para presentar una demanda, tutelados por el abogado Tomás Fernández Antuña.