Nubledo,
Illán GARCÍA
«Los animales también tienen derechos», defendieron ayer en el Pleno los propietarios de perros ante la aplicación de una ordenanza que prohíbe el acceso de los animales a los parques del concejo. El incumplimiento de esta norma municipal puede conllevar el pago de una sanción de 300 euros que los dueños de los animales no están dispuestos a abonar. Los amos de los canes creen que los animales deben tener un lugar «para hacer sus necesidades y para su esparcimiento». Ante esto, el gobierno local sopesa habilitar zonas especiales para los perros, pero la instalación de un «pipi-can» (inodoros para perros) no entra entre en sus planes. El PSOE, no obstante, pidió que se finalice la construcción de un «pipi-can» que se comenzó a ejecutar cuando los socialistas gobernaban. «Hace falta que se señalice debidamente, que se cierre perimetralmente y que la empresa de limpieza lo acondicione, que para eso cuesta 900.000 euros», añadió Iván Fernández para referirse a esta zona ubicada en el parque Europa.
Los propietarios de perros que asistieron al Pleno manifestaron a su vez que no están dispuestos a asumir una ordenanza con la que no se sienten identificados. «Se debería castigar a las personas que no limpian los excrementos de los animales», aseguró Begoña Álvarez, una de los propietarias, que añadió: «Normalmente, además, los perros pasean atados y con bozal cuando se trata de animales peligrosos». Álvarez, no obstante, ve que en el gobierno «hay una luz después del túnel» para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y «al menos, que los perros puedan transitar».
El edil de Seguridad, Miguel Ángel Bernardo, aseguró que por ahora los vecinos pueden acudir con sus perros al prado de la fiesta, en la cuesta de Los Campos. «Hoy por hoy, allí pueden estar sin problemas», resaltó. Mientras tanto, las decisiones se demorarán, al menos, hasta la próxima reunión entre los propietarios de animales y el Ayuntamiento que se celebrará en dos semanas. Este asunto centró buena parte de la sesión plenaria de ayer, en la que los vecinos y el alcalde, Luis Belarmino Moro (USPC), expusieron sus pareceres sobre la polémica ordenanza municipal.
Por otra parte, la Corporación acordó ayer a petición de la USPC instar al Principado a que no retire la subvención a la escuela infantil Sagrada Familia de Las Vegas «visto el buen trabajo que ha desempeñado desde 1974 con los niños del concejo». Pese a que todos los grupos coincidieron en la petición, PSOE e IU remarcaron la necesidad de agilizar los trámites para construir la escuela infantil pública de la cuesta de Los Campos.
El Pleno aprobó ayer por unanimidad, en otro orden de cosas, los estudios de detalle de dos actuaciones urbanísticas que contemplan la construcción de sendos edificios en Trasona y en Las Vegas. El primero, ubicado en El Pedrero, tendría una superficie edificable de 1.600 metros cuadrados para habilitar unas dieciséis viviendas mientras que el segundo, de 137 viviendas distribuidas en siete plantas, se hará entre las calles Arlós y Sebastián Miranda, de Las Vegas.