Las Vegas,
Juan C. GALÁN
Los padres y trabajadores de la guardería Sagrada Familia de Las Vegas vuelven a sonreír. Hace una semana se veían en la calle. Entre la Consejería de Bienestar Social y la de Educación no se ponían de acuerdo en a quién correspondía otorgarle la subvención al centro, de carácter laboral y dependiente del Obispado. Según la LOE, a partir de 2009 la etapa de 0 a 3 años se considera etapa educativa, por lo que pasa a formar parte de la Consejería de Educación. Sin embargo, el programa «Educa3» no preveía subvenciones para las guarderías laborales: ni para la Sagrada Familia ni para las gijonesas de El Bibio y San Eutiquio. La presión de los padres ha inducido a Educación a reasumir la subvención a través de un cambio del marco legal.
La retirada de la subvención hubiera forzado a la directiva a tocar el bolsillo de los padres que, merced a la ayuda pública, sólo pagan 190 euros al mes, una cifra menor, paradójicamente, a la cantidad tope que debe abonarse en las guarderías públicas: 270 euros. El aumento de las tasas hasta los 330 euros hubiera desembocado en la renuncia de muchas familias y, a la postre, en el cierre del centro. La clausura de la Sagrada Familia no sólo hubiera dejado sin amparo a 138 niños y a nueve trabajadores, también habría supuesto la desaparición de toda una institución en Corvera. Desde su apertura en 1977, la Sagrada Familia ha educado a generaciones enteras de corveranos.
«Ni nos planteamos matricular a la cría en otro centro, porque a la Sagrada Familia le avalan sus años de experiencia. Mi hija en casa no comía y aquí da gusto», señala Alejandra Dorado, que lleva a su hija Olaya a la guardería. Además de su raigambre en la sociedad del concejo, los padres no dan importancia al carácter religioso del centro. «Funciona como uno público. Sabemos que nuestro dinero va a la escuela, no a la Iglesia, y eso nos basta», comenta María Rodríguez.