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El gobierno quiere eliminar la readmisión de los despidos improcedentes en el Consistorio

Los sindicatos municipales, que arrancaron este privilegio en el convenio del año 2009, no admitirán la reducción de sus derechos

 
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S. FERNÁNDEZ
Los sindicatos municipales arrancaron en 2009 al Gobierno de Avilés uno de los privilegios del convenio colectivo más importantes: que los trabajadores cuyo despido sea declarado improcedente por el juez puedan elegir entre la readmisión en el Ayuntamiento o el cobro de una indemnización. Este privilegio está recogido en la disposición adicional sexta del convenio y el gobierno la quiere suprimir a causa de un número desorbitado de demandas presentadas por trabajadores de planes locales de empleo que estaban destinados en puestos que no correspondían a los que recogían los mismos proyectos.

El problema con el que se enfrenta el Ayuntamiento nace de la oferta de puestos de trabajo sujetos a las subvenciones regionales. En algunos casos, los nuevos empleados cubrían plazas de estructura (aquellos recogidos en la relación de puestos de trabajo, RTP) y no los que se suponía que venían en las subvenciones. Al concluir los planes locales, los trabajadores comenzaron a demandar al Ayuntamiento, que comenzó a perder sentencias, con lo que se encontraba con un número excesivo de empleados que elegían mantenerse en el Consistorio en lugar de cobrar cualquier indemnización. Y todo esto porque el convenio que se negoció el pasado año tiene como ámbito de aplicación a todos los trabajadores municipales, sean funcionarios, eventuales o pertenecientes a los planes de empleo.

Los servicios jurídicos de USIPA tienen en su mesa 32 demandas contra el Consistorio para que se readmita a los trabajadores de los planes de empleo concluidos. A estos 32 se sumarán 25 más este mismo mes y, en septiembre, 60 más. «Parece que, a la vista de lo que el gobierno pretende mañana (por hoy), dan por perdidas todas las demandas. Seguimos apoyando la disposición adicional», explicó Manuel Gómez Mendoza, delegado de USO-SFALA. Manuel Jesús Villa, del SIPLA, es de la misma opinión: «No podemos renunciar a esta disposición», concluyó.

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