S. FERNÁNDEZ
Los sindicatos municipales arrancaron en 2009 al Gobierno de Avilés uno de los privilegios del convenio colectivo más importantes: que los trabajadores cuyo despido sea declarado improcedente por el juez puedan elegir entre la readmisión en el Ayuntamiento o el cobro de una indemnización. Este privilegio está recogido en la disposición adicional sexta del convenio y el gobierno la quiere suprimir a causa de un número desorbitado de demandas presentadas por trabajadores de planes locales de empleo que estaban destinados en puestos que no correspondían a los que recogían los mismos proyectos.
El problema con el que se enfrenta el Ayuntamiento nace de la oferta de puestos de trabajo sujetos a las subvenciones regionales. En algunos casos, los nuevos empleados cubrían plazas de estructura (aquellos recogidos en la relación de puestos de trabajo, RTP) y no los que se suponía que venían en las subvenciones. Al concluir los planes locales, los trabajadores comenzaron a demandar al Ayuntamiento, que comenzó a perder sentencias, con lo que se encontraba con un número excesivo de empleados que elegían mantenerse en el Consistorio en lugar de cobrar cualquier indemnización. Y todo esto porque el convenio que se negoció el pasado año tiene como ámbito de aplicación a todos los trabajadores municipales, sean funcionarios, eventuales o pertenecientes a los planes de empleo.
Los servicios jurídicos de USIPA tienen en su mesa 32 demandas contra el Consistorio para que se readmita a los trabajadores de los planes de empleo concluidos. A estos 32 se sumarán 25 más este mismo mes y, en septiembre, 60 más. «Parece que, a la vista de lo que el gobierno pretende mañana (por hoy), dan por perdidas todas las demandas. Seguimos apoyando la disposición adicional», explicó Manuel Gómez Mendoza, delegado de USO-SFALA. Manuel Jesús Villa, del SIPLA, es de la misma opinión: «No podemos renunciar a esta disposición», concluyó.