Luanco,

Braulio FERNÁNDEZ

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) aprobó ayer definitivamente el expediente de expropiación forzosa de unas parcelas en el barrio de La Arena, en Balbín. Con este trámite administrativo se libera un suelo que permitirá la construcción de medio millar de viviendas de bajo precio, con un coste de 1.256 euros el metro cuadrado construido, considerado de tipo concertado. Además, también se podrán construir viviendas adosadas unifamiliares en un número máximo de doce, a un precio de 1.200 euros el metro cuadrado, y locales comerciales a 750 euros el metro cuadrado, ya que se considera la zona de poca demanda comercial.

Esta expansión urbanística se ha dado en llamar plan urbanístico de La Arena y consiste en la urbanización y construcción de 500 viviendas a bajo coste para facilitar el asentamiento de jóvenes en el concejo. La parcela está situada en los terrenos de Balbín, a las afueras de Luanco. El convenio entre el Ayuntamiento y la promoción urbanística se firmó en febrero de 2004. Un año y medio después, el alcalde, Salvador Fernández, del PP, aprobó definitivamente la modificación de las normas por silencio administrativo al no haber recibido contestación de la CUOTA. El organismo autonómico recurrió la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó que el Ayuntamiento obró según la ley.

El proyecto tuvo que ser paralizado en un primer momento, a causa de una moción plenaria planteada por Izquierda Unida-Bloque por Asturias, y retomada el pasado año. Entonces, el PP acusó a la oposición de privar al municipio de ingresar más de tres millones de euros en licencias. Según el PP, IU-BA fue responsable por este motivo de paralizar el proyecto urbanístico de La Arena al presentar una moción que fue aprobada por el pleno con los votos de PSOE y AIGO, en la que se pedía que se paralizase el proceso. La presentación de la moción se realizó después de que el Principado planteara un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento por entender que faltaba un informe de sostenibilidad ambiental. La justicia, meses más tarde, daba la razón al Ayuntamiento, ya que ese documento no era necesario.