Sobre la subestación eléctrica de Gozón

PABLO FERNÁNDEZ
CONCEJAL DEL BLOQUE POR ASTURIES (IU-BA) DE GOZÓN Como todo el mundo sabe, «la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma». Pues bien, si llevamos este principio elemental al terreno de la gestión económica del sector eléctrico, el concepto de «transformación energética» adquiere unas connotaciones considerables, sobre todo, desde la perspectiva del modelo ideológico que se utilice para dicha gestión. Es decir, que no es lo mismo que el sector eléctrico esté regulado desde la Administración pública o que, por el contrario, se haga desde el sector privado. En nuestro caso, el Gobierno de Aznar aprobó en el año 1997, concretamente el 27 de noviembre, una ley del sector eléctrico (denominada también como «ley Piqué») por la cual el Estado cedía, en gran medida, las competencias que le facultaban para la regulación del sector eléctrico en favor de las grandes empresas energéticas. ¿Esto qué consecuencias conlleva? Pues, entre otras cosas, que las empresas eléctricas están facultadas para decidir la ubicación de las estaciones y subestaciones eléctricas (como es el caso que nos ocupa). Es decir, que son los intereses privados los que marcan la pauta a los ciudadanos. Dicha estación podría instalarse en un área industrial, pero esto le supondría pagar más por el suelo y no le saldría «rentable».

¿Y qué decir de las comunidades autónomas? Pues, según la «ley Piqué», su papel queda restringido a la simple opinión. En el caso de Asturies, el grupo parlamentario IU-BA-LV presentó diez propuestas al Parlamento, de las cuales tres fueron rechazadas por los grupos mayoritarios PSOE y PP. Una de esas tres propuestas rechazadas recogía la posibilidad de que el sector eléctrico en Asturies fuese regulado desde la Administración autonómica. Es decir, desde objetivos relacionados con el interés general de los ciudadanos, pero PP y PSOE apostaron por lo privado ¿Y qué decir del Ayuntamiento de Gozón? Pues que el alcalde, Salvador Fernández, mantuvo desde el principio una actitud ambigua, más preocupado por la recaudación que podría reportarle tal operación que por las consecuencias que acarrearía dicho proyecto para los ciudadanos. Se necesitaron dos plenos municipales para despejar dicha ambigüedad, y tuvo que ser nuestro grupo municipal el que propusiera al Consejo Vecinal la convocatoria de un acto público como expresión del rechazo mayoritario a dicho proyecto.

Esta actitud inicial del regidor gozoniego contrasta significativamente con la exhibición pública que él y su partido hicieron en la manifestación que recorrió las calles de Lluanco, lo cual nos hace pensar que debe de estar todo «cocinado»: «Yo no quería? pero trae les perres que la culpa ye del Principáu» (lo siento, pero este truco es muy viejo). Afortunadamente, la totalidad de las asociaciones de vecinos del concejo mostraron desde el principio una actitud firme y decidida de oposición, la cual, a día de hoy, y junto con el apoyo de IU-BA-LV, es lo que nos permite mantener la esperanza en una resolución favorable de este problema.