Saúl FERNÁNDEZ
El Ayuntamiento de Avilés busca fórmulas para salvar la previsible avalancha de demandas de los trabajadores de los planes de empleo que buscan que sus contratos (inicialmente de obra) pasen a ser fijos. Entre esas fórmulas que se analizan sobresale la de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de contratos para todos aquellos beneficiarios de los planes de empleo que se atrevan a pleitear contra el Consistorio. Para que esto sea posible se tiene que probar que la empresa -en este caso, el Ayuntamiento de Avilés- tiene problemas económicos y este año es el del superávit del agua: 34 millones de euros extras. Además, el ERE debe ser discutido con los sindicatos y, al final, lo debe aprobar la dirección general de Trabajo del Principado.
El departamento de personal del Ayuntamiento tiene ante sí un problema «crudo», según fuentes sindicales consultadas: debe asumir como propios a los trabajadores de los planes de empleo que destinó a puestos que no eran los suyos. Y es que los planes de empleo tienen una función que no es la que el Ayuntamiento pretendía: «cubrir puestos de estructura con contratos basura», en opinión de un delegado de USO.
Los planes locales (subvenciones regionales para el fomento del empleo) tienen definidas claramente sus funciones y entre ellas no está la de cubrir bajas del personal propio. Hasta la fecha, una trabajadora de los planes de empleo avilesinos ha visto reconocidos sus derechos laborales por el juez, quien resolvió que debe ser incluida en la plantilla municipal. Según fuentes consultadas, la argumentación que se desarrolla en esa sentencia es aplicable «hasta la coma» en otras 37 demandas que se están tramitando. Según cálculos de USO, «podrían llegar a ser cien casos antes de que termine el año»
«La política laboral del Ayuntamiento de Avilés es absurda y nos tendrán en frente si pretenden venir ahora con un ERE», apuntó un representante de USO. «Además anunciamos que vamos a reclamar cantidades por la vía judicial: el Ayuntamiento discrimina laboralmente porque paga hasta un 25 por ciento menos a los contratados de los planes de empleo que al personal fijo con la misma responsabilidad», concluyó el mismo delegado sindical.