Vivienda indaga si algún promotor cobra a cuenta sin permiso por pisos de La Magdalena

Teresa CEMBRANOS
El Principado indaga si algún promotor del área residencial de La Magdalena está cobrando cantidades a cuenta de forma irregular a los compradores de viviendas protegidas autonómicas (VPA). Esta práctica no se puede realizar si el constructor no dispone de la preceptiva autorización de Vivienda.

Para que los promotores obtengan ese permiso, antes deben solicitar en el registro de la propiedad el certificado de libertad de cargas del solar así como presentar un aval bancario por las cantidades que va a percibir. También es preceptivo obtener la cédula de calificación provisional. «Esto es imprescindible, y una vez que se obtienen esos documentos se deben enviar a Consejería para que pueda emitirse la autorización. A continuación, ya se pueden formalizar los contratos de compraventa con los compradores y firmarlos ante una persona autorizada del ministerio de Vivienda», explicó ayer un promotor. Ante las sospechas de que haya alguna irregularidad, la consejería de Vivienda ya ha remitido a los promotores cartas para advertirles de que si incumplen los requisitos pueden ser sancionados por una infracción muy grave, multada con hasta 30.000 euros. La consejería recuerda además que los contratos suscritos con los compradores siempre tendrán que visarse ante el funcionario adscrito a la Dirección General de Vivienda.

Manuel Campelo, constructor con intereses en La Magdalena, aseguró ayer que él ya dispone de la autorización para seguir adelante con el cobro a los compradores. Aprovechó la ocasión para aconsejar a todos aquellos que decidan adquirir una vivienda, y más en los tiempos de crisis que corren, que controlen que el promotor tenga todas las autorizaciones pertinentes. «Estamos viendo cómo en muchas ocasiones los compradores se quedan sin el dinero y el piso porque los promotores no cumplen con los requisitos», comentó Campelo. La urbanización de La Magdalena, por otra parte, se está viendo envuelta en una polémica tras la demanda interpuesta por la empresa Toyinorte contra Sogepsa por el reparto de las parcelas. No obstante, ayer fueron otros promotores los que salieron al paso y aseguraron que se sienten «perjudicados» por el reparto de las parcelas para viviendas de protección autonómica. «Toyinorte cuenta con dos parcelas para construir 80 viviendas de protección oficial mientras que el resto sólo podremos construir 40 pisos con esa calificación, por eso no entendemos que presentara la demanda. Esa empresa es la que más beneficiada ha salido ya que las parcelas que aún quedan en La Magdalena son concertadas: más caras», comentó ayer uno de los implicados.

Además, el juzgado contencioso-administrativo número 3 de Oviedo ha admitido a trámite una demanda de Toyinorte contra el Ayuntamiento de Avilés, similar a la admitida contra Sogepsa y su política de venta de suelo en la urbanización de La Magdalena. La denuncia la interpuso el grupo después de saber que los responsables municipales «se lavaban las manos» en el reparto de parcelas en el área. El caso fue que, supuestamente, Toyinorte, había solicitado a Sogepsa, incluso por requerimiento notarial, la compra de dos parcelas de protección autonómica que luego se concedieron a otras promotoras. Toyinorte también remitió ese mismo requerimiento a la alcaldesa, Pilar Varela por ser miembro del consejo de Sogepsa. «El ayuntamiento, como tramitó y aprobó el plan especial de La Magdalena, es el titular de la competencia urbanística que ha ejecutado a su nombre, y por partida doble, al ser cotitular de Sogepsa y le incumben atribuciones de control sobre esta actuación. El ayuntamiento dice que atribuyó las competencias al Principado. De ahí la demanda», aseguró Joseba Espinosa, promotor del grupo Victoria.