S. FERNÁNDEZ
El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPLA), por boca de su secretario general, Manuel Jesús Villa, rechazó de plano la pretensión del Ayuntamiento de contratar a una empresa que ayude al consistorio a gestionar la comunicación de las sanciones municipales. La propuesta del Gobierno, según ha podido saber este periódico, se explica en la tardanza del Ayuntamiento en enviar las multas a los vecinos sancionados. En ocasiones, de hecho, estos envíos se hacen fuera de tiempo con lo que el Ayuntamiento no puede cobrar la penalización requerida.
La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, firmó el pasado 29 de marzo una resolución según la cual reserva una partida de 1.055.333,33 euros para la empresa asesora que se haga con el contrato de los servicios complementarios y de colaboración en la gestión y tramitación de los expedientes sancionadores. Pese a esta circunstancia, el Ayuntamiento se reserva la jefatura del servicio disciplinario.
«En vez de dedicar ese millón y pico de euros a las inversiones necesarias para la Policía Local nos vienen ahora con esta propuesta de externalizar las multas», se lamentó Villa. «La Policía Local cuenta con motocicletas con dieciséis años de servicio, fallan las transmisiones de algunos coches, no tenemos vehículos de atestados y ahora nos vienen con esta historia», insistió el sindicato.
Para Villa, la externalización del servicio de sanciones «es un claro incumplimiento del convenio». Propuso, de hecho, recolocar a los agentes que están en segunda actividad -los que no salen a la calle- a labores administrativas. «La oficina de sanciones podía estar en la propia Policía», apuntó. El servicio de disciplina del Ayuntamiento emplea, en la actualidad, a sólo tres personas.
