E. C.
En la argumentación del despacho de Raúl Bocanegra para demostrar la ilegalidad en la que se mueve Sogepsa hay tres precedentes con los que se establecen paralelismos. El primero es el de la Scala de Milán: cuando se remodeló se buscaron terrenos para construir un auditorio provisional, y se optó por una finca privada a cuyo propietario se le obligó a urbanizarlos antes de comenzar a construir. La UE dio la razón al Colegio de Arquitectos, que denunció al considerar que este contrato para la urbanización era público y tenía que haber sido sacado a concurso.
El segundo antecedente es el de Teckal: un Ayuntamiento italiano decidió privatizar parte de una empresa, antes pública, que se dedicaba al mantenimiento de los sistemas de calefacción del ente local, y seguir otorgándole el contrato. Bruselas estableció que la adjudicación directa sólo es posible si la empresa trabaja únicamente para la Administración y ésta tiene el control sobre la compañía. El último caso es el de la ciudad alemana de Halle, donde el Ayuntamiento adjudicó de forma directa el servicio de aguas a una empresa mixta.
