Saúl FERNÁNDEZ
El Ayuntamiento de Avilés readmitió ayer a una trabajadora por orden judicial y la despidió al final del mismo día. Las razones del despido, según explicó Manuel Gómez Mendoza, abogado del sindicato Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), son objetivas: «Dicen que no tienen partida presupuestaria reservada al puesto». Lo singular de esta decisión es que la trabajadora será bonificada, según Mendoza, «con el sueldo completo de un mes, pese a haber trabajado sólo siete horas, y eso porque no recibió una carta de preaviso».
El propio Manuel Gómez Mendoza -que es funcionario notificador en el Ayuntamiento, aparte de abogado laboralista- fue el encargado de comunicar el despido a la trabajadora que finalmente había readmitido el Ayuntamiento, tras seis meses de tiras y aflojas (la sentencia de readmisión la dictó la Sala de lo Social del TSJA el 6 de noviembre de 2009). Para Gómez Mendoza la actuación del gobierno «raya en el delito y nosotros vamos a presentar un incidente de ejecución irregular de la sentencia porque estamos convencidos de que el Ayuntamiento ha actuado de mala fe».
El caso de la trabajadora defendida por la USIPA se remonta al pasado otoño. La denunciante entró a trabajar en el Ayuntamiento a través de un plan de empleo (subvenciones regionales a la creación de nuevos puestos de trabajo). Las bases por las que fue contratada no fueron asumidas por el Ayuntamiento, según dicta la sentencia, y la trabajadora fue destinada a un puesto que no figuraba en su contrato, es decir, el Ayuntamiento ordenó que llevara a cabo unas funciones distintas para las que había sido contratada. Esto sirvió de base a una demanda que la USIPA presentó en el Juzgado de Avilés y que perdió en primera instancia. El sindicato reclamó en el TSJA, que falló en favor de la trabajadora. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Avilés cuenta con un convenio colectivo que permite al trabajador elegir, en caso de despido improcedente, entre una indemnización o la reincorporación. La trabajadora optó por esta segunda línea.
El Ayuntamiento se encontró así con la espita abierta: los trabajadores de los planes de empleo podían denunciar la misma situación (un contrato de plan de empleo para ocupar plazas de estructura), cosa que ha sucedido: en primera instancia el Consistorio ha ganado 12 demandas (diez en el Juzgado número 2 y dos en el número 1) que la USIPA elevará inmediatamente al TSJA. Actualmente, están pendientes de sentencia nueve demandas más.
El gobierno local ha tenido que hacer frente, en este mandato, a innumerables sentencias judiciales relacionadas con la política de personal.
