Piedras Blancas, I. M. / V. M.
La cantidad máxima que Aqualia podría reclamar al Ayuntamiento de Castrillón en el caso de que no vuelva a ser la adjudicataria del agua es de 3.903.596,61 euros, según un informe técnico económico encargado por la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina (IU), y firmado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Juan José González Fernández. Cuando a finales del año 2006, Aqualia firmó el contrato de concesión de la gestión del agua con el entonces gobierno local del PP, pagó al Ayuntamiento un canon de 3 millones de euros, además de otros 120.000 euros a Hacienda en concepto de transmisiones patrimoniales. Asimismo, el contrato incluía un plan de inversiones mediante el cual la empresa debería acometer obras por valor de ocho millones de euros a lo largo de los 25 años que tiene de vigencia el contrato.
El informe técnico encargado por la alcaldesa, sostiene que «las obras ejecutadas desarrollaron únicamente el 12,62 por ciento de las inversiones previstas». Además, detecta aumentos del presupuesto declarado por la empresa como ejecutado. «Los incrementos varían entre un 191 por ciento en la renovación parcial de la red de distribución de Santa María del Mar, y un 420 por ciento en la reutilización del manantial de La Lloba». Asimismo, siempre según el mismo informe, del 12,62 por ciento de las obras ejecutadas, un 26,85 por ciento corresponden a actuaciones no previstas en el plan y no sujetas a una valoración previa.
El técnico cuantifica en 3,9 millones de euros la cantidad máxima que Aqualia podría reclamar al Ayuntamiento en el caso de que no vuelva a ser la concesionaria. En esta cantidad se incluye el importe correspondiente a las cantidades no amortizadas de inversiones en abastecimiento y saneamiento, tanto incluidas y como no incluidas en el plan inicial de inversiones, deducido el IVA así como las amortización fiscal, lo que supondría actualmente 1.043.405,44 euros. Además de 2.762.7171 euros del canon descontando la parte correspondiente al periodo en el que se ha ejecutado el contrato. A estas cantidades habría que sumar otros 97.474 euros correspondientes a los equipamientos realizados por la empresa y que pasarían a propiedad municipal. Otro de los incumplimientos que refleja el informe técnico es el plazo de apertura de la oficina de atención al público.
