Piedras Blancas,
I. MONTES
El informe técnico económico encargado por la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina (IU), sostiene que en los derechos indemnizatorias de Aqualia en el caso de que el Pleno declarara desierto el concurso, no se prevé el lucro cesante por tratarse de una adjudicación anulada por una sentencia judicial. «Se entiende improcedente valorar el lucro cesante por la imposibilidad de obtener los beneficios esperados de la gestión del servicio, en caso de anulación de la adjudicación, cuando la anulación de dicha adjudicación obedece al carácter contrario al ordenamiento jurídico. Sólo serían indemnizables los perjuicios realmente acreditados, el denominado daño emergente».
El concejal del PP, Ramón Cesáreo Álvarez, aseguró ayer que el valor de ese informe es nulo para su partido. «Está emitido por un ex asesor de IU en Langreo y cesado cuando el PSOE llegó a la Alcaldía», dijo. «Pedimos copia y la alcaldesa no nos la dio, queremos saber cómo se pagó», concluyó.
