Piedras Blancas,

Inés MONTES

La brecha entre los dos socios de gobierno en el Ayuntamiento de Castrillón IU y PSOE, será hoy un poco más profunda si cabe tras el Pleno en el que el PSOE votará, al igual que el PP la renovación del contrato de la gestión del servicio de aguas a Aqualia. IU se quedará sola defendiendo su postura de declarar desierto el concurso. La sesión plenaria de hoy dejará zanjada la polémica en la que desde hace cuatro años está inmerso el Ayuntamiento de Castrillón.

La gestión del servicio municipal de aguas fue privatizada en el año 2006 por el entonces gobierno local del PP que presidía el alcalde José María León Pérez. Los populares que gobernaban sin mayoría absoluta contaron con el apoyo de los cuatro concejales del grupo de los No Adscritos que habían sido expulsados del PSOE. Las movilizaciones contra la privatización no se hicieron esperar y en varias ocasiones salieron a la calle los vecinos convocados por la plataforma contra la privatización del agua en la que estaban IU, PSOE, UGT, CC OO y USO.

Las protestas no influyeron en el PP que siguió con sus planes. Al concurso para optar al contrato del agua se presentaron dos ofertas una de la empresa Aqualia y otra de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Aquagest y Asturagua. El 6 de octubre de 2006 se celebró un Pleno en el que se aprobó conceder el contrato a Aqualia.

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) entonces en la oposición y a través de su portavoz, Ángela Vallina, presentó un recurso judicial. Aquagest también recurre y el juez acumula el procedimiento. El juzgado contencioso administrativo número 1 de Oviedo dicta sentencia el 21 de noviembre de 2008, en la que declara la nulidad del acuerdo plenario del 6 de octubre de 2006 en el que se adjudicó el agua y de los actos derivados del mismo por lo que deja sin efecto el contrato suscrito entre el Ayuntamiento y Aqualia firmado el 10 de noviembre de 2006.

El juez rechazó algunos de los motivos del recurso y estimó el referente a que la Corporación conoció un informe de la empresa Rocar Ingenieros que proponía la adjudicación a Aqualia, el mismo día 6 de octubre de 2006, minutos antes del inicio del Pleno. El juez sostiene en la sentencia que se vulneraron los derechos de los concejales pues la legislación prevé que los informes se entreguen a los ediles en el momento de la convocatoria de la sesión plenaria. En base a ello falla la nulidad del acuerdo del Pleno y dice que las actuaciones «deben reponerse al momento de nueva convocatoria del Pleno en el que se respete el derecho vulnerado».

Aqualia recurrió la sentencia y en mayo de 2009, el juez resuelve el recurso manteniendo el fallo de 2008. Con la sentencia firme IU dice que propondrá declarar desierto el concurso con el objetivo de constituir una empresa mixta con participación municipal. El PP mantiene su posición de apoyar la continuidad de Aqualia y el PSOE calla. En los meses siguientes y hasta el pasado febrero, IU intenta que el PSOE se pronuncie y aclare su posición sobre el cumplimiento de la sentencia. En diciembre dimite el secretario general de la agrupación socialista de Castrillón, Ricardo Ulpiano Álvarez, y las conversaciones entre los socios de gobierno se interrumpen. Las direcciones regionales de IU y PSOE llegan a un acuerdo y en febrero Vallina lleva al pleno la ejecución incluyendo la petición de informes. PSOE y PP rechazan la propuesta de IU y Vallina pide al juez que se pronuncie sobre la ejecución de la sentencia.