Piedras Blancas,
Inés MONTES
«La posible adjudicación del agua a Aqualia generará problemas de difícil solución. Se trata de una nueva concesión y para la firma del contrato la empresa tendrá que volver a pagar el canon y presentar el plan de inversiones. Es un contrato nuevo y todo lo que había antes no sirve, pues el contrato anterior quedó anulado por una sentencia judicial». Así lo afirmó ayer la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina (IU). Un día después del polémico Pleno en el que PSOE y PP se aliaron para adjudicar el contrato de la gestión del servicio municipal de aguas a Aqualia, la alcaldesa reiteró su determinación de solicitar la nulidad del acuerdo plenario. «La ausencia de informes jurídicos y técnicos preceptivos hace nula, cuando no ilegal» la adjudicación.
Ángela Vallina aseguró que todo el proceso judicial que supuso declarar la nulidad del contrato a Aqualia ha sido pagado por Izquierda Unida. «IU pagó de su bolsillo, con las aportaciones de sus militantes y cargos públicos, todo el proceso. Digo esto porque de forma interesada el PP intenta confundir a la opinión pública. Son ellos los que han llevado al Ayuntamiento a este situación», dijo.
La alcaldesa reclamó al PP y también a su socio de gobierno el PSOE «que expliquen a los vecinos por qué ese empeño en adjudicar el agua a Aqualia, desoyendo los informes de los técnicos municipales».
La propuesta del PSOE y del PP, recalcó Vallina, ha supuesto la modificación del pliego de condiciones administrativas. «En el mismo acto no puede declararse la nulidad de un contrato y realizar una nueva adjudicación de esa forma, ya que al reducir de 25 a 21 años el tiempo de adjudicación se está cambiando el pliego de condiciones. Ahora tendrá que hablar la justicia pues se ha adoptado un acuerdo plenario que, a la vista de todas las irregularidades podría incurrir, presuntamente, en una clara prevaricación», concluyó la alcaldesa.
El portavoz municipal del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, aseguró ayer que diga lo que diga la alcaldesa, el acuerdo plenario es válido. «Incluye el cumplimiento estricto del contrato previsto en las bases de licitación y no precisa informe ya que existe el del secretario general del Ayuntamiento. El PP y el PSOE aprobamos la propuesta de la mesa de contratación que es perfectamente válida, según el juez», dijo. Quiñones acusó a Vallina de «rebeldía contra el Pleno y quiere ganar en los tribunales lo que pierde por decisión democrática de la Corporación».
El PSOE, está explicando su postura a los vecinos a través de una carta que la comisión gestora está buzoneando por el concejo. En el escrito, los socialistas sostienen que la anulación del contrato a Aqualia «supondría una indemnización millonaria y la paralización de todos los proyectos municipales».
