Francisco L. JIMÉNEZ
La reducción en un 40 por ciento del número de miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés supondrá, de llevarse a cabo como ha propuesto el Gobierno central, el ahorro anual de unos 45.000 euros en dietas. «Una cantidad que no va a ningún lado», según comentarios recogidos estos últimos días en medios socialistas de la región.
Sea más o menos el dinero que se consiga ahorrar con el forzado recorte de los consejos portuarios, no será el Puerto de Avilés el que diga esta boca es mía al respecto; el presidente, Manuel Docampo, subrayó, en declaraciones a este diario, que el Gobierno tiene la última palabra y que ante la decisión que tome sólo se puede hacer una cosa: darle cumplimiento. El Ministerio de Fomento pone la tijera para reducir los gastos de las administraciones portuarias, pero quien va a tener que manejarla es el Gobierno regional, responsable de hacer efectivos los nombramientos de los miembros del consejo del puerto y, por tanto, probable responsable de decidir quiénes se van y quiénes se quedan.
Según lo aprobado en el Consejo de Ministros el pasado día 30 de abril, las autoridades portuarias españolas habrán de reducir el número de sus miembros en un 40 por ciento. La aplicación en el puerto de Avilés de ese plan ministerial significaría la obligada formación de un consejo que tendría 14 vocales como máximo y 9 como mínimo (más los tres miembros natos). El primer obstáculo para hacer realidad esa voluntad es que la vigente redacción de la ley de Puertos hace imposible la existencia de consejos con menos de quince vocales.
