F. L. J.
El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés aprobó ayer las cuentas de 2009, que se cerraron con pérdidas por importe de 4 millones de euros, el peor resultado en décadas. La causa de este traspié económico no es tanto la crisis -que también- como la obligación contable de presupuestar una provisión para cubrir la eventualidad de que el puerto tenga que hacer frente al pago de la deuda contraída entre los años 1993 y 2004 por tarifas cobradas indebidamente. Este mismo problema afecta al resto de puertos españoles, y en la mayoría de los casos de forma aún más grave. La deuda del puerto avilesino se estima, como ya informó este diario, en 2,5 millones; el total de la deuda del sistema portuario estatal asciende a 406 millones.
La constitución de la provisión contable no implica que el puerto de Avilés acabe pagando la deuda, sólo anticipa tal posibilidad. Y es que la esperanza de los presidentes portuarios es que sea la caja del Estado la que asuma este varapalo económico, derivado de la incorrecta aplicación durante diez años -así lo ha determinado el Tribunal Constitucional a instancias de las empresas operadoras- de la tarifa T-3, que grava el uso de las aguas portuarias, las dársenas, los accesos terrestres y las zonas de manipulación de mercancías.
