Saúl FERNÁNDEZ
La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, ordenó el lunes pasado incorporar a la plantilla municipal a una trabajadora, pagarle un sueldo de 2.033 euros al mes, pero no darle tarea, por lo que podrá permanecer en casa en un «permiso retribuido». Esta decisión fue notificada a la afectada que abrió la brecha legal en la polémica gestión de los planes locales de empleo (subvenciones regionales a los concejos para la creación de nuevos puestos de trabajo). Se da la circunstancia de que el Juez de lo Social de Avilés requirió el pasado 28 de julio la incorporación de la empleada, que había sido despedida por segunda vez el pasado cinco de mayo, a la dos horas de su readmisión.
La decisión de la alcaldesa, a juicio de Manuel Gómez Mendoza, jefe de los servicios jurídicos de la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias (Usipa), es «absolutamente legal, aunque éticamente deplorable». La resolución municipal se ampara en el artículo 295 de la Ley de Procedimiento Laboral, un artículo que deja al albur de la empresa dar trabajo al empleado que haya ejercido la opción de la readmisión. «Eso es justamente lo que ha sucedido en este caso», comentó el abogado laboralista. «El Ayuntamiento se mueve de pataleta en pataleta y no aplica a la gestión de personal ningún criterio profesional; piensa que esto es el Salvaje Oeste», cargó Gómez Mendoza.
La historia laboral de la trabajadora afectada se inició hace dos años, en mayo de 2008. Fue entonces cuando entró en el Ayuntamiento a través de los planes locales de empleo. En enero de 2009 se acabó la partida y fue despedida. Recurrió esta decisión al entender que había realizado tareas que no estaban relacionadas en su contrato. Este recurso fue desestimado en primera instancia, pero no cuando llegó al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que ordenó la readmisión.
La espita abierta por esta trabajadora ha sido la que han seguido otras personas en semejantes condiciones laborales. O sea, que a partir de la sentencia del TSJA de noviembre de 2009 el Ayuntamiento de Avilés se está enfrentando a una cantidad desorbitada de denuncias por contratar empleados a los que se les ordena tareas distintas a las que recoge su contrato laboral. Algunas de estas denuncias ya pasaron por los tribunales locales y, tras ser desestimadas, han sido elevadas al alto tribunal.
En la resolución de la alcaldesa se lee que a la trabajadora se le «otorga un permiso retribuido, hasta nuevo aviso, debido al exceso de personal correspondiente a su categoría profesional en el Ayuntamiento y por lo tanto ante la imposibilidad en el presente momento de proporcionarle trabajo efectivo». Gómez Mendoza negó este argumento. «En el mismo servicio en el que había sido destinada (Intervención) hay un administrativo de baja. En el servicio de Personal, por ejemplo, hay dos vacantes desde el 30 de septiembre de auxiliar administrativo porque se acabó el plan de empleo. Además hay una interina que ha anunciado su marcha a otra administración, es decir, que están en cuadro. La de administrativos es una categoría genérica, vale para cualquier servicio», añadió Mendoza.
La decisión de la alcaldesa de Avilés es semejante a otra que salió recientemente del despacho de la primera edil del concejo de Castrillón, Ángela Vallina.
