Las personas que en 2007 consiguieron la indefinición procedían de los antiguos planes de empleo y, sobre todo, de los planes concertados (un proyecto tripartito que financiaba el gobierno central, el autonómico y el local desde finales de los años 80). Todos tenían contratos por obra y servicio. Actualmente, los beneficiados por la resolución de la Alcaldesa de diciembre de hace tres años, ejercen sus funciones, como indefinidos no fijos, en casi todos los departamentos del Ayuntamiento, principalmente en el área de Servicios Sociales. A estos se suman técnicos en formación y empleo, cultura, educación, participación ciudadana y promoción de empresas, entre otros. En total, 42 personas.
Ahora, el gobierno local se enfrenta a una situación «complicada», como reconoció la propia Pilar Varela. Y es que 54 personas beneficiarias de los planes de empleo han decidido denunciar al Ayuntamiento por considerar que han sido despedidos de manera improcedente. Aseguran que los trabajos que desarrollaron durante ese tiempo no se corresponden con los de su contrato y, que, además, eran propios de la plantilla municipal (estructura) y que, por tanto, no habían roto su relación laboral. Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dado la razón a tres de esos trabajadores pese a que la sala de lo Social del Juzgado de Avilés había fallado a favor del Ayuntamiento en una ocasión.
