S. FERNÁNDEZ / E. CAMPO

El juez Baltasar Garzón anunció ayer en Avilés su intención de solicitar la recusación de cinco de los magistrados del Tribunal Supremo: se trata de aquellos que han rechazado a los testigos de su defensa en el proceso abierto por su investigación de los crímenes del franquismo. La razón, explicó Garzón, «es que habiendo participado en la instrucción de la causa no pueden, a su vez, formar sala para juzgar porque el prejuicio está establecido claramente». Y añadió, respecto a una posible persecución: «No es cuestión de sentirme acosado o no, es cuestión de que no están respetando los derechos». El magistrado más mediático de España no eludió ayer las preguntas de los periodistas respecto a su delicada situación, «exiliado» en el Tribunal Penal Internacional de La Haya, y lamentó que no se aceptara la declaración del historiador Ricard Vinyes Ribas, autor de una investigación «muy seria» sobre los temas relacionados con la desaparición de niños entre 1937 y 1951.

De Jiménez Villarejo, denunciado por «Manos Limpias» por supuestas injurias contra los magistrados de la Audiencia Nacional en un acto de homenaje a Baltasar Garzón, el juez afirmó: «La libertad de expresión está por encima de cualquier crítica que se pueda realizar. La crítica a estas alturas es algo que deberíamos asumir todos, sobre todo cuando se ejerce una función pública. Yo siempre he procurado hacerlo así y los demás deberían hacer lo propio».

Una vez en el interior del Niemeyer, y tras tomar un café rápido alejado de las miradas de todos, Garzón hizo una introducción de lo que dieron de sí los 62 años transcurridos desde la Declaración de los Derechos Humanos. «Es la norma más infringida de la historia de la humanidad, se invoca continuamente pero olvida casi en el 90 por ciento de los casos», advirtió. Y a renglón seguido pasó a explicar los derechos «de tercera generación», relacionados con aspectos como la solidaridad y el respeto del medio ambiente. En ese sentido criticó el silencio internacional sobre las actuaciones de China en el territorio del Tibet. «No soy anti-chino, pero se está produciendo un hecho muy importante, más allá de los encarcelamientos y asesinatos, que es la sobre explotación de los recursos naturales y la ubicación de químicas en la meseta tibetana, que influyen directamente sobre millones de personas; existe una responsabilidad de quien lo consiente y no toma medidas para evitarlo». Otro ejemplo relativo al mismo ámbito geográfico es la «sumisión de Google al gobierno chino», accediendo que los ciudadanos de ese país no tengan los mismos derechos en el uso de las nuevas tecnologías que el resto del mundo. «Google ha antepuesto el interés económico a los principios», aseguró.

Garzón también se refirió al papel de los jueces para actuar, investigar y dar satisfacción a las víctimas «cumpliendo con el derecho de las víctimas a la memoria, a la verdad y a la justicia», aplicando el principio de justicia universal, sin importar que los crímenes masivos hayan sucedido en «Chile, en Guatemala o en España». «Se trata de proteger al individuo y a la sociedad desde el punto de vista de los derechos humanos», defendió.

Por último, el juez también se refirió al caso «Wikileaks» y afirmó que en unos días se sabrá si su responsable, Assange, estuvo en prisión porque la acusación de acoso sexual tenía suficiente entidad o por la filtración de información.