Francisco L. JIMÉNEZ

Las últimas noticias llegadas de Bruselas sobre la investigación de que es objeto la sociedad mixta de gestión del suelo de Asturias (Sogepsa) por su «modus operandi» han dado alas a las aspiraciones de los propietarios expropiados en el barrio avilesino de La Magdalena, promotores de una acción judicial con la que pretenden resarcirse económicamente por medio de indemnizaciones millonarias de los «precios irrisorios» a los que, según critican, les pagaron sus terrenos. Pero además, este litigio, que se dirime en la Dirección General de Mercado y Servicios de la Comisión Europea, amenaza la supervivencia misma de Sogepsa, desde hace pocos días vinculada por las autoridades comunitarias a las sociedades mixtas que, impulsadas por el PP, intervienen con abundante polémica en el urbanismo valenciano.

La Unión Europea ha equiparado las prácticas de Sogepsa con las de las sociedades mixtas de gestión del suelo constituidas en Valencia al amparo de la polémica ley del Suelo de aquella comunidad. Ya anteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Europeo había sancionado prácticas urbanísticas ajenas a la libre competencia en casos como La Scala (Italia), Comune de Roanne (Francia) o Stad Halle (Austria), entre otros. Esto reafirma a los demandantes avilesinos de La Magdalena en la teoría que vienen manteniendo desde 2008 y que se basa en las muchas similitudes entre el proceder de Sogepsa y el de sociedades valencianas como Cabanyal 2010: las administraciones autonómicas adjudican de forma directa proyectos urbanísticos a esas sociedades instrumentales participadas por el sector público y, posteriormente, éstas dan participación activa a sus socios privados en el desarrollo del negocio inmobiliario.

Francisco José Sánchez y Miguel García Rúa, portavoces de parte de los expropiados en La Magdalena, confían en que la nueva vuelta de tuerca que ha dado la Unión Europea «sirva para poner fin a las ilegalidades que esconden pelotazos usbanísticos a través de las sociedades instrumentales mixtas, y en particular a Sogepsa, a la que los políticos asturianos consideran pública para entregarle los terrenos expropiados y privada a los efectos de asignar los solares edificables a los constructores».

Los ex propietarios de una de las mayores bolsas de suelo expropiado en La Magdalena recriminan a las administraciones públicas asturianas, a la vista de la deriva que lleva el caso en Bruselas, el hecho de «seguir mirando para otro lado y haciendo caso omiso a la intervención de las instituciones europeas en el urbanismo, lo que previsiblemente terminará suponiendo la imposición de multas millonarias e indemnizaciones para los afectados por estas operaciones oscuras e ilegales de las sociedades mixtas como Sogepsa».

Sobre el caso particular de La Magdalena, los expropiados, a quienes representa el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Raúl Bocanegra, sostienen la acusación de que «aunque hay muchas similitudes entre lo que hacen Sogepsa y las sociedades mixtas valencianas, existe una diferencia notable: mientras algunas de las entidades valencianas son meros agentes urbanizadores de suelo que devuelven los terrenos a la Administración; en el caso de Sogepsa, ésta urbaniza y además vende en régimen privado -es decir, sin concurso- los solares a los constructores, algunos de ellos sus socios privados, lo cual agrava la vulneración de la libre competencia y los principios de igualdad y no discriminación».

La resolución de la demanda de los expropiados de La Magdalena, y el futuro de Sogepsa, quedan ahora así a expensas del fallo del Tribunal Superior de Justicia Europeo sobre las sociedades mixtas valencianas. La Comisión Europea esperará esa sentencia para usarla como guía y referencia -o al menos eso es lo que prevén los servicios jurídicos de los demandantes- en el caso de La Magdalena.