Nubledo, Illán GARCÍA
La USPC sospecha que detrás de la negativa de la interventora municipal a firmar un documento para dar viabilidad económica al PGOU «había una maniobra política para intentar torpedear la aprobación inicial del planeamiento». Los independientes destacaron, por su parte, que el informe que la funcionaria no firmó y que le llevó a ser despedida como interventora accidental, no era preceptivo «sino una aportación de más datos acorde con una política transparente del gobierno».
Esta destitución fue declarada nula por un juez de lo contencioso administrativo de Oviedo. Para la USPC, el dictamen judicial no tiene repercusión para el Ayuntamiento «porque solo declara nulo que se nombrara a otra persona para firmar el citado documento». Ante esto, la USPC asegura que da que pensar que «los jueces organicen el modo de actuar de los ayuntamientos».
Los independientes insistieron además en que la trabajadora en cuestión no tenía formación para redactar informes como el que se negó a firmar y tan sólo debería haber dado el visto bueno a un documento realizado por los técnicos. La funcionaria, por su parte, indicó que su principal razón para negarse a firmar el citado informe se debió a que no contaba con la información requerida.
