Félix VALLINA
El fiscal pide cuatro años de prisión y una multa de 700.000 euros para un administrador de diversas empresas ligadas al comercio de vehículos al que acusa de ser el máximo responsable de una trama que defraudó a Hacienda más de 650.000 euros entre los años 2002 y 2004. Además, también solicita para otros dos hombres, a los que considera cooperadores del delito, una pena de dos años y medio de prisión con multa de 654.000 euros. El juicio tendrá lugar el próximo 23 de marzo en la sala 2 del Juzgado de lo Penal de Avilés.
Según las diligencias, J.B.H.G, el principal acusado, declaró cantidades inferiores a las debidas en las declaraciones tributarias de tres años consecutivos. El fiscal considera que el fraude lo ejecutaba de tres modos: declarando ingresos inferiores a los reales, lo que supuso una cantidad defraudada de casi 110.00 euros; realizando adquisiciones de vehículos intracomunitarios para venderlos en España aplicando «indebidamente» el régimen de bienes usados y deduciendo otras cantidades a través de empresas «fantasma».
Dichas sociedades carecían de domicilio y tenían todas el mismo representante, J.L.S.G., a quien el fiscal considera como cooperante en el delito. El hombre, vecino de Castrillón, se había dedicado hasta 2003 a actividades ganaderas. En ese año y el siguiente computó en facturas más de 1.038.000 euros en operaciones realizadas supuestamente con J.B.H.G.
Además, y por lo que se refiere a las adquisiciones intracomunitarias, el principal acusado se valió, según la fiscalía,de una sociedad que simulaba venderle los vehículos en el mercado alemán cuando no era así. El administrador de esta entidad, el avilesino J.G.P., es considerado cooperante por el fiscal.