Amaya P. GIÓN
Alejandro Fernández, el avilesino para el que la multinacional Nintendo pide una pena de 23 años de cárcel y el pago de 840.000 euros por vender en su establecimiento cartuchos que permiten modificar la función originaria de la consola Nintento DS, se sentará el próximo martes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1. Su caso es insólito ya que es el el primer proceso de estas características que llegará a ser dirimido en España por un juez; otros similares se sobreseyeron o bien se produjeron acuerdos entre las partes. El letrado que defiende los intereses del avilesino, Carlos Sánchez Almeida, manifestó ayer su extrañeza porque el caso no se archivase «ya que el uso de los dispositivos que vende Alejandro Fernández no es delito». «Alguien tendrá que explicar el martes por qué mi cliente está imputado», apuntó el letrado, que ha sido miembro de FrEE (Fronteras Electrónicas), organización orientada a la defensa de los derechos civiles en Internet.
La multinacional acusa al avilesino de varios delitos, casi todos ellos continuados: defraudación de la propiedad intelectual (12 años de prisión en total), defraudación de la propiedad industrial (8 años de cárcel) y revelación de secretos (tres años más). Además, reclama el pago de 840.000 euros en concepto de indemnización por los cartuchos que el imputado vendió en su tienda (unos 1.400 dispositivos de M3 DS Real). La Fiscalía solicita tres años y medio: un año y nueve meses por un presunto delito contra la propiedad industrial y la misma pena por otro contra la propiedad intelectual.
El abogado Sánchez Almeida defiende que «tal y como se desarrollaron los hechos no son constitutivos de delito alguno» por lo que sólo cabe la «libre absolución» del avilesino. De ahí su extrañeza porque la Fiscalía se personase como acusación en el caso. Entre las pruebas que presentará el letrado en el juicio se encuentra un puñado de sentencias y un auto de 17 de noviembre de 2009 del juzgado de instrucción número 4 de Salamanca, al que ha tenido acceso este periódico, en el que la Fiscalía solicita el sobreseimiento de un caso paralelo al de Alejandro Fernández.
En el caso salmantino el fiscal sostiene que el demandado se limitaba a «manipular el hardware para ampliar su utilidad, posibilitando a los usuarios su empleo con fines tanto legítimos como ilegítimos, pero no exclusivamente ilegítimos» y que «ofertaba abiertamente los llamados "cartuchos piratas" a los clientes mediante el correspondiente catálogo, procedentes de otra entidad y no elaborados por él ni por su empresa». El fiscal salmantino, también destaca la defensa, resalta la «clara diferenciación entre los cartuchos originales de Nintendo y los piratas».
«Aportaremos en el juicio del martes sentencias de audiencias provinciales que recogen que el uso de este tipo de dispositivos no constituye delito. Se han ido archivando casos en toda España y aquí, en Avilés, hay una persona que se sentará en en el banquillo de los acusados», lamentó el letrado Carlos Sánchez Almeida, del bufete Almeida Abogados Asociados.
