T. CEMBRANOS

Si Goliat va contra David, David también puede ir contra Goliat. Y es lo que ha pasado con Alejandro Fernández, para el que Nintendo pide una pena de 23 años de cárcel y una indemnización de 840.000 euros, y que ahora ha decidido unirse a otros dueños de tiendas españolas que venden productos informáticos para presentar una demanda contra el gigante japonés ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por incumplir la Ley de Diseño Industrial con los cartuchos de la consola Nintendo DS. «Pedimos la nulidad de esa patente ya que creemos que no deberían estar protegidos», explicó Fernández.

En la demanda, que Fernández presentará como prueba en el juicio que se celebrará el martes en Avilés, se explica que Nintendo estaría incumpliendo una normativa comunitaria que establece que la innovación tecnológica «no debe ser dificultada concediendo protección de diseños a características dictadas únicamente por una función técnica». El objetivo de los promotores de la denuncia es evitar monopolios sobre «soluciones técnicas sin cumplir las relativamente estrictas condiciones establecidas en la ley de patentes».

Los abogados que promueven la demanda contra Nintendo consideran que esos cartuchos deben tener una determinada forma y tamaño para funcionar en ese tipo de consola, por lo que consideran que no deberían estar protegidos. También explican que el uso de esos cartuchos «permite dotar de memoria interna a la consola y ejecutar programas creados por el propio usuario».

Fernández confía en que en el juicio del próximo martes se acepte esa demanda como prueba, ya que desmontaría una de las acusaciones de la multinacional: que el avilesino está vulnerando la propiedad industrial, por lo que le piden una pena de 8 años de cárcel. Nintendo también acusa al comerciante de defraudación de la propiedad intelectual (doce años de prisión en total) y revelación de secretos (tres años más). Además, reclama el pago de 840.000 euros en concepto de indemnización por los cartuchos que el imputado vendió en su tienda (unos 1.400 dispositivos de M3 DS Real). La Fiscalía solicita tres años y medio: un año y nueve meses por un presunto delito contra la propiedad industrial y la misma pena por otro contra la propiedad intelectual.

Su caso es insólito, ya que es el primer proceso de estas características que llegará a ser dirimido en España por un juez; otros similares se sobreseyeron o bien se produjeron acuerdos entre las partes. El letrado que defiende los intereses del avilesino, Carlos Sánchez Almeida, manifestó hace unos días su extrañeza por que el caso no se archivase «ya que el uso de los dispositivos que vende Alejandro Fernández no es delito». «Alguien tendrá que explicar el martes por qué mi cliente está imputado», apuntó el letrado, que ha sido miembro de FrEE (Fronteras Electrónicas), una organización orientada a la defensa de los derechos civiles en Internet. El abogado defiende que «tal y como se desarrollaron los hechos no son constitutivos de delito alguno» por lo que sólo cabe la «libre absolución» del avilesino.