Los afectados por Sogepsa reclaman una fiscalización sobre las expropiaciones

E. CAMPO
Una agrupación de expropiados por Sogepsa y por administraciones públicas del Principado de Asturias -entre las que se encuentran ex propietarios de los suelos de la urbanización de La Magdalena- hicieron pública ayer su exigencia de fiscalización para evitar lo que ellos consideran expolio de los terrenos en beneficio de los constructores. Esta asociación aglutina a expropiados de Prados de la Vega (Oviedo), La Zalia (Gijón), Lloreda (Gijón), Bobes (Siero), Felechosa (Aller), La Barquerina (Villaviciosa) y La Magdalena. En conjunto estas expropiaciones significan unos 7 millones de metros cuadrados de suelo. «La trayectoria de estas expropiaciones dista mucho de ser ejemplar, no por su manifestación de intenciones y objeto social, sino por los hechos posteriores que les ponen en evidencia», indicaron los expropiados.

El modus operandi que ellos denuncian consiste en que los Ayuntamientos y el Principado expropien los terrenos a un precio ridículo para después designar como agente urbanizador a Sogepsa, Zalia o Fundación que urbanizan los terrenos para venderlos «a dedo» a constructores o quedarse con su propiedad para disfrute de sus mutualistas. «Los procesos de expropiación se han convertido en un instrumento que transfiere escandalosos beneficios a intereses privados mediante la fijación de unos precios de expropiación ridículos y muy por debajo de los de mercado».

Pero no son sólo los promotores quienes se benefician, según estos expropiados, sino que también Sogepsa obtiene beneficios. «Sogepsa ganó 4,66 millones de euros en 2008, que representan un 27,49 de su cifra de negocio y en el año 2009 tuvo un beneficio de 4,62 millones de euros que representa del orden del 25,10 por ciento de sus ventas; de este beneficio el 48 por ciento les correspondería a sus socios privados».

La agrupación de damnificados pone en tela de juicio tanto la valoración de los terrenos como los plazos de los proyectos y la prima de riesgo «inexistente» que altera el valor de los suelos.

Por todas estas razones, como los afectados consideran que lo que se ha hecho con sus suelos es una cofiscación y no una expropiación justa, además de mantener las acciones legales en marcha reclaman que estas operaciones tengan la fiscalización del Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Cuentas y el Parlamento del Principado.