Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

La Mancomunidad del Cabo Peñas, integrada por los municipios de Carreño y Gozón, se enfrenta al mayor recorte de gasto de su historia. El presidente del ente comarcal, el alcalde de Gozón, Salvador Fernández, presentó ayer un informe «para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del proyecto de la mancomunidad», en el que plantea una reducción de personal, la supresión de las dietas de concejales y del cargo de concejal delegado y la subida de precios de la piscina de Antromero, como medidas de choque para paliar la crisis y garantizar la supervivencia del órgano comarcal.

«La Mancomunidad se encuentra inmersa en la necesidad de acometer reformas estructurales que hagan viable y eficaz su funcionamiento», advirtió Fernández en su informe. «A la vista de la situación actual, es evidente que los ingresos disponibles no se corresponden con el gasto que el mantenimiento del ente exige», añadió el edil, consciente de que «la situación es compleja y requiere poner en marcha medidas correctoras a la mayor brevedad posible».

En este contexto y en lo relativo a los órganos de gobierno de la Mancomunidad, el presidente del ente ha propuesto la supresión del cargo político del vocal delegado, que representaría un ahorro de 8.831 euros. Sus funciones serían asumidas por «el resto de órganos de gobierno de la Mancomunidad». Por otro lado, plantea la supresión de dietas por asistencia a órganos colegiados, que reintegraría a las arcas 12.000 euros al año.

Con respecto al área más compleja, la de los gastos de personal, el Alcalde del PP gozoniego plantea «la necesaria adecuación de la plantilla a las disponibilidades presupuestarias, abordando una reestructuración de los efectivos». Para ello se propone la elaboración de un informe en el que se establezca un orden de prioridades con respecto a los puestos de trabajo, «de modo que pueda determinarse cuáles serán objeto de supresión y/o modificación sustancial de sus condiciones, de acuerdo con criterios objetivos y económicos».

En este sentido, se primarán «aquellos servicios que han de prestarse necesariamente a ambos ayuntamientos, los que tienen mayor número de usuarios, los relacionados con el fomento de la actividad económica y aquellos cuya supresión causaría un mayor perjuicio al conjunto de los vecinos», indica Fernández.

Además, habrán de «determinarse con claridad las duplicidades existentes en los servicios que se prestan, al tener los ayuntamientos personal dedicado a esas funciones». El Presidente de la Mancomunidad considera que este es uno de los «criterios esenciales» a observar y alude directamente a servicios como el de la oficina técnica de la Mancomunidad y el servicio jurídico. Además, señala que habrán de «adecuarse los gastos de personal a las subvenciones percibidas».

De forma aún más directa, habla de «supresión de la retribución en concepto de horas extraordinarias, así como de gratificaciones por servicios extraordinarios, las cuales serían compensadas a través de descansos».

El Presidente del órgano comarcal también valora la situación de la instalación estrella de la Mancomunidad, la piscina de Antromero, de la que alaba la «gestión de sus instalaciones y el servicio», por lo que descarta «acudir a formas de gestión indirecta». No obstante, aclara, «es necesario abordar una reducción de, al menos, el 20 por ciento en los gastos en bienes corrientes y servicios». Esto podría suponer un incremento del precio público de la piscina, así como el aprovechamiento de los terrenos que la circundan y que actualmente no son objeto de utilización.

La propuesta será debatida la próxima semana, pero la primera reacción por parte del vocal delegado del órgano, Cesar Fidalgo, no se ha hecho esperar. «El principal problema de la Mancomunidad es la falta de aportación por parte del Ayuntamiento de Gozón, por lo que lo primero que habría que hacer es que se pusiese al día en cuanto a pagos se refiere». Fidalgo considera que «ahora es el momento de sacar las conclusiones que nos permitan relanzar la Mancomunidad».