Soto del Barco,
Ignacio PULIDO
El juzgado de lo social número dos de Avilés ha desestimado la demanda formulada por los ex trabajadores municipales del Ayuntamiento de Soto del Barco, Francisco García Álvarez y Ramón Álvarez González. Ambos sostienen haber sido cesados en su ocupación como fruto de una «caza de brujas» emprendida por el alcalde Jaime Menéndez Corrales tras las pasadas elecciones municipales. El juez ha declarado procedente la extinción laboral de los demandantes.
Los dos trabajadores solicitaron en su momento que se declarase nulo o improcedente su despido. A tales efectos, alegaron que podrían haber sido discriminados por estar afiliados a UGT. La sentencia del juez señala que «no se ha acreditado por los demandantes la racionalidad de dichos indicios discriminatorios». Asimismo, advierte de que «no constituye indicios el simple hecho de que los trabajadores despedidos estén afiliados a un determinado sindicato».
El Ayuntamiento alegó que los despidos habían sido motivados por causas económicas. El juez considera que «ha resultado acreditada la concurrencia de la causa económica alegada por la parte demandada en las cartas de despido ya que las arcas municipales presentan un remanente de tesorería negativo» y ya que con la extinción de se entiende que «se reducen de forma considerable los gastos de personal».
El alcalde, Jaime Menéndez Corrales (CISB), señala que la sentencia demuestra que las acusaciones vertidas por el PSOE y por UGT «son pura demagogia y falsedad».
