Francisco L. JIMÉNEZ
Las facturas eléctricas asturianas con más ceros son las que pagan las tres grandes empresas que más electricidad consumen como consecuencia de la peculiaridad de sus procesos productivos, intensivos en el uso de kilovatios: Asturiana de Zinc, Arcelor y Alcoa, las tres con fábricas en la comarca avilesina. Entre las tres multinacionales metalúrgicas abonan anualmente a sus proveedores eléctricos 176 millones de euros, una cifra calculada en virtud de un consumo estimado de 4,4 teravatios-hora (o lo que es lo mismo, casi cuatro millones y medio de megavatios-hora) y un precio negociado especialmente con las compañías eléctricas que ronda los 40 euros por megavatio-hora, casi tres veces menos de lo que paga un consumidor particular por la luz doméstica (a razón de 14,23 céntimos por kilovatio-hora).
La factura más onerosa es la que paga AZSA, que con un consumo estimado de 1,7 teravatios-hora, abonaría al año del orden de 68 millones de euros. Arcelor pagaría según esos mismos cálculos unos 60 millones y Alcoa casi 50. En los tres casos el precio de la electricidad es «privilegiado» y fruto de las negiociaciones que llevaron a cabo en el primer semestre de 2009 con un «pool» eléctrico para articular una salida airosa a la forzosa anulación de la llamada tarifa G4, pensada en su día para primar a los grandes consumidores españoles de electricidad y prohibida en diciembre de 2008 por Bruselas al considerar que vulneraba la libre competencia en el marco europeo.
El resultado de aquellas negociaciones para buscar alternativas a la G4, según hizo público en su día el secretario general de la FSA, Javier Fernández, fue la fijación de un precio «por debajo de los 40 euros el megavatio». Arcelor fue la primera en alcanzar un acuerdo de conveniencia -que nunca totalmente satisfactorio- con las compañías eléctricas; luego lo lograron también AZSA y Alcoa. En los tres casos hubo un especial interés de las compañías por mantener en secreto tanto el precio final pactado como el nombre de las compañías suministradoras, dando a entender que esos datos son «información sensible y confidencial».
La enormidad de las magnitudes eléctricas de la gran industria avilesina se asimila mejor haciendo una comparativa de consumos con ciudades o territorios. Así, la energía anual que gastan entre AZSA, Arcelor y Alcoa sería suficientes para hacer funcionar durante más de un año una gran ciudad como Madrid, cuyo consumo eléctrico estimado se cifra en 3,4 teravatios-hora. Si la comparación se hace con Asturias, los 4.400 gigavatios-hora que gastan entre los tres gigantes metalúrgicos equivalen a tres veces la energía eléctrica que se consume cada año en los hogares de la región. Otro ejemplo ilustrativo: una ciudad como Gijón, la mayor del Principado con sus 277.000 habitantes, funciona con apenas 400 gigavatios-hora, diez veces menos que la energía que necesitan AZSA y compañía.
La cuestión eléctrica y su importancia para la competitivad de las tres grandes metalúgicas con fábricas en Asturias vuelve a ser tema de actualidad desde que Alcoa anunció el pasado lunes un recorte temporal de su producción en la fábrica de Avilés justificando el mismo por la caída de la demanda mundial de aluminio, el encarecimiento de las materias primas y, en especial, la carestía de la electricidad en España. El asunto no es nuevo, de hecho lleva más de un lustro martilleando sobre AZSA, Alcoa y Arcelor; hasta ahora la preocupación por el precio de la electricidad siempre se había quedado en mera advertencia dialéctica, pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez entran en escena medidas de mayor calado.
La problemática rebrota ahora en plena crisis y con una amenaza en el horizonte: el precio pactado entre las empresas eléctricas y las metalúrgicas asturianas vence a finales de año. Es decir, hay que volver a sentarse en la mesa y revisar las condiciones del suministro. El Presidente del Principado, consciente de la peligrosidad de este escenario, ya ha solicitado una reunión con el Ministro de Industria, José Manuel Soria, para plantearle una reforma del sistema tarifario energético que evite la pérdida de competitividad del tejido empresarial.
