La excepción de «un valiente»

M. PÉREZ/ I. MONTES
No es habitual que un profesor utilice la vía penal para denunciar a un alumno por acoso en las aulas. De hecho, la denuncia presentada en Comisaría por un docente del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Avilés contra un alumno por supuestos insultos y amenazas hacia su persona es la segunda de estas características que se registra en Asturias según el sindicato independiente de docentes Anpe. «Es un valiente», asegura el presidente del colectivo en Asturias, Gumersindo Rodríguez. «Hay que valorar la actitud del docente, que es capaz de denunciar el caso de forma penal. Esto es algo que se sale de la norma. No los hechos denunciados, que lamentablemente son cada vez más habituales en las aulas, sino la respuesta del profesor», explica.

El docente de Formación Profesional presentó el pasado 19 de enero una denuncia ante la Policía Nacional después de que su alumno le dijera que no le «rayase» y acto seguido le mandase «a tomar por culo» (sic), frases que acompañó de gestos despectivos, según se desprende de la denuncia. Además, el denunciado asegura que el alumno «lleva acosando de manera reiterada durante todo el curso a otros dos alumnos que le tienen miedo y no se atreven a denunciarle». Según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al caso el denunciado es menor de edad, por lo que el caso ha sido puesto en manos de la Fiscalía de Menores de Asturias que dirige Jorge Fernández Caldevilla.

Por su parte, el director del centro, Gerardo García-Rovés Ríos, evitó ayer comentar el caso y explicó que al tratarse de una denuncia penal «se escapa del ámbito educativo». No obstante, el mismo día que presentó la denuncia ante la Policía Nacional -19 de enero-, el profesor supuestamente acosado trasladó la misma denuncia a la dirección del CIFP, por escrito y con registro de entrada en la secretaría del centro. Al ser preguntado por este extremo, el director aseguró que «se seguirá el procedimiento habitual», a la vez que matizó que se trata de «una situación atípica». Este periódico también intentó, sin éxito, recabar una opinión de la Consejería de Educación.

«Requiere una buena dosis de valentía hacer lo que hizo este profesor. De inmediato la víctima se convierte en culpable, porque pone sobre sí mismo el foco de la duda que algunos se encargarán de avivar», asegura Gumersindo Rodríguez. «Es lamentable que el profesor no esté arropado por la administración, que debería prestar asistencia jurídica en defensa de su empleado», añade el presidente de Anpe en Asturias. «En cambio lo que sucede es bochornoso: se hace burla del profesor. La administración, de forma automática, le abre un expediente».

El sindicato independiente de docentes lleva años reclamando en Asturias una ley que refrende la autoridad del profesor «para atajar algo que para algunos puede ser anecdótico, pero que es una lacra social que impide a los docentes realizar su labor», explica Rodríguez. La norma que reclama Anpe ya existe en varias comunidades autónomas como Madrid, La Rioja o Valencia. En Castilla-La Mancha la ley entrará en vigor previsiblemente el próximo mes.

Al margen de la ley, Anpe considera igualmente necesario un protocolo de actuaciones que permita al profesorado conocer con claridad cuáles son los pasos a seguir en los casos de violencia y/ acoso escolar. También la puesta en marcha de un servicio de asistencia jurídica, psicológica y administrativa de apoyo al profesorado. En la lista de reivindicaciones se incluye una serie de medidas ejemplarizantes y educativas: reparación del daño material causado y responsabilidad civil que se haga extensible a los padres; responsabilidad penal, con la consideración del profesorado una autoridad en el ejercicio de sus funciones y la veracidad de la palabra de los docentes; restitución moral del daño causado, empezando por algo tan de sentido común como pedir perdón a la víctima y la publicación en los medios de comunicación del centro.