Antes incluso de que las urnas confirmasen a Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno, los medios de opinión señalaban que la gravedad de la situación era de tal magnitud que no había lugar a conceder tiempos de cortesía política en la acción correctora a emprender por el nuevo gobierno.
Todo indica que Rajoy siguió el consejo, y muy antes de que se cumplan los cien días de gracia, se ha lanzado a una reforma trepidante. Recién nombrados los ministros, empezó con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, desarrollando los acuerdos pactados con el PSOE. A partir de ahí, semana tras semana, presenta propuestas que si figuraban en el programa electoral no estaba señalado que se abordasen a este ritmo acelerado.
Tal parece como si se quisiese suavizar el mal trago inicial de la subida de los impuestos, IRPF y el IBI, presentando a los ciudadanos propuestas de reformas en todas las áreas, con la motivación de que ayudarán a salir de la crisis o acabarán con agravios de distintos calados.
Las anunciadas reformas son tan significativas que no dan tiempo a una valoración sosegada. A la oposición, principalmente al PSOE, los cambios los han cogido a contrapelo y con un margen de reacción limitada.
El Gobierno empezó por proponer medidas en Sanidad, cargadas de lógica, como es la tarjeta sanitaria a nivel nacional, la unificación de tiempos de vacunación, catálogo de atenciones para acabar con discriminaciones territoriales, la Ley de Dependencia, la libre elección de centro, la investigación médica y otras de tono menor.
En Educación, el ministro anunció planes para la reforma del bachillerato, una ley contra la piratería en la red, la restitución de la autoridad de los docentes, el desarrollo del bilingüismo, la supresión de la asignatura de la «ciudadanía» y otras cuestiones laterales.
En Justicia, tampoco se eluden los cambios y Gallardón propone la modificación de la Ley del Aborto, la Ley del Menor, la prisión permanente revisable, las bodas y divorcios ante notarios, los nombramientos judiciales y del Tribunal Constitucional y el desarrollo de normas simplificadoras en los litigios.
Durante esta semana el Gobierno se ha despachado entrando a fondo en Economía, poniendo las bases para una profunda reestructuración del sector bancario, persiguiendo el saneamiento y sobre todo tratando de restablecer el flujo crediticio para los particulares, encomendando al ICO la ayuda a las comunidades autónomas para que puedan pagar a los proveedores. Además, ha recortado los sueldos de escándalo de los directivos, respondiendo a un clamor de indignación nacional.
Para los próximos días se anuncia el gran paquete de la reforma laboral. Se adelanta que hay muchos «puntos calientes» en el proyecto y que algunos van a irritar sobremanera. Por ejemplo, una rebaja de 500 millones en los fondos que administraban sindicatos y patronal para formación. También que se retirará el subsidio de desempleo a quienes rechacen, hasta en tres ocasiones, una oferta de trabajo. La unificación de contratos y descuelgues de convenios añaden nuevos motivos de discrepancias.
Este ritmo acelerado del cambio sobre el cambio, que se había demandado desde el día anterior, ahora suscita recelos y llamadas a la moderación, especialmente en cuanto a ajustes fiscales que pueden ocasionar mayores frenazos y paro.
El «fervor ahorrativo» dicen que es contraproducente y que el «sprint» de Rajoy sería más útil si se trasformase en «maratón», llegando al objetivo con menores sufrimientos.
El tema es opinable, pero lo que está claro es que Rajoy gobierna.
