La sentencia que anula una multa de la ORA es «un caso concreto», sostiene el Ayuntamiento

Marta PÉREZ
El concejal de Servicios Urbanos y Movilidad, Luis Fernández Huerga, aseguró ayer que la sentencia judicial que anula una multa de la zona y obliga al Ayuntamiento a devolver a un vecino de Piedras Blancas el importe de la sanción «es un caso concreto», y que los servicios jurídicos municipales han ganado otros pleitos similares. «Es cierto que el juez tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que las denuncias de los controladores sólo alcanzan la consideración de denuncias voluntarias, sin embargo, en este caso el juez ve un defecto de forma en la denuncia, porque no consta un boletín de denuncia en el que se ratifique la sanción ni elementos que acrediten que las fotografías fueron realizadas por el controlador», explica Huerga.

El concejal asegura que la multa que acaba de anular esta sentencia se remonta a 2010, y que desde entonces «se han ido corrigiendo con la empresa adjudicataria del servicio fallos que pudiera haber en el modo de sancionar». El concejal también defiende que desde la implantanción del servicio se han ido incorporando recursos para mejorar el sistema, como la realización de fotografías para realizar la denuncia».

Asimismo, el concejal de Servicios Urbanos y Movilidad ha explicado que el porcentaje de ciudadanos que paga la sanción impuesta es mayor al de ciudadanos que recurren la multa. Además, según concretó Huerga, los recursos que terminan en los Juzgados son puntuales.

Por su parte, el portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida, Alejandro Cueli, ofrece una visión completamente opuesta de la situación. Así Cueli reclamó ayer la apertura de «un debate abierto» para que sean los agentes de la Policía Local los que impongan las sanciones por incumplir la ordenanza relativa a la zona azul. «Las multas no las pueden poner los controladores. Hay varias sentencias que así lo demuestran», manifestó Cueli. «Las denuncias realizadas por un controlador de parquímetro no tienen la misma veracidad que si el que sanciona es un agente de la Policía Local», asegura. «Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es corregir esta anomalía, porque lo que está diciendo la Justicia es que tienen que cumplir la ley y no se está cumpliendo», reclama el portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo emitió el pasado 27 de enero una sentencia mediante la que anula una multa de 80 euros impuesta a un vecino de Piedras Blancas por rebasar el tiempo máximo de estacionamiento en la zona azul. El juez estima que los controladores de los parquímetros no tienen consideración de agentes ni de auxiliares de la Policía Local, por lo que sus denuncias «no gozan de la presunción de veracidad». Se trata de la primera sentencia que el Ayuntamiento de Avilés recibe en este sentido.