El PSOE tiene acreditada una larga peripecia de luces y sombras como partido que proclama respeto a las reglas democráticas. En sus planteamientos reformistas y revolucionarios a lo largo del pasado siglo, en ocasiones no ha vacilado en traspasar los límites de lo admitido como respeto a la legalidad consagrada por elecciones libres. Como simple recordatorio bastaría mencionar la huelga de 1917 o la más conocida revolución de 1934. No en vano, Largo Caballero, el líder del PSOE y la UGT, con espléndida estatua de Noja en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo, decía y escribió: «El Partido Socialista va a la conquista del poder. Nosotros deseamos que pueda ser legalmente con arreglo a la Constitución; y si no, como podamos».

Es posible que algunos de sus actuales dirigentes, sobre todo los más jóvenes o recién salidos de los cursos de formación del partido, llenos de fervor para el cambio social y radicalmente contrarios a la mayoría ciudadana que en las urnas les ha apartado de una prometedora carrera política, pretendan seguir la última recomendación del histórico líder y el «como podamos» se aplique a golpe de revuelta, de algarada y de torpedeo de la legítima acción gobernadora.

Quien haya visto en la televisión las arengas de los promotores de las manifestaciones en Valencia, animando a tomar las calles a sangre y fuego, podría preguntarse si la invitación va más allá del puro ardor juvenil para que merezca el patrocinio oficial del PSOE.

No hace falta entrar en muchas disquisiciones para llegar a la conclusión de que el PSOE está poniendo en marcha una estrategia de confrontación radical al Gobierno, como consecuencia de que sus recursos de oposición son limitados al tener el Gobierno mayoría parlamentaria y también en comunidades autónomas y ayuntamientos.

En estos días, y con mayor intensidad en los próximos, el PSOE con la colaboración privilegiada de la UGT y CC. OO., grupos de la izquierda plural, «indignados» y otros van a intensificar sus acciones de protesta no ya específicamente contra la reforma laboral, si no contra el genérico de los recortes sin mayores concreciones. El programa de agitación incluye marchas, ocupaciones, asambleas de vecinos, concentraciones ante dependencias y domicilios sociales y particulares, animación mediática y otras acciones que se recogen en «hojas de ruta» divulgadas en las redes sociales. También se invita a explotar cualquier intervención de las fuerzas de seguridad. Contar manifestantes es tarea más imprecisa que sumar papeletas, pero tiene más ruido escénico para erosionar las instituciones. Se eligen las calles cuando se pierden los parlamentos democráticos.

El derecho a manifestarse está amparado por la Constitución pero su ejercicio también lo regulan las leyes, aunque algunos hacen su propia interpretación, como lo hizo Pérez Rubalcaba en marzo de 2004 y que parece dispuesto a repetir desde el resentimiento de un partido perdedor en el que tuvo las máximas responsabilidades. La gente no está para manifestaciones, pancartas y destrozos urbanos. La preocupación general es cómo capear la tormenta, cómo sumar esfuerzos y no añadir dificultades de «kale borroka» a nivel nacional.