Teresa CEMBRANOS
El proyecto de la Isla de la Innovación recibió ayer un duro golpe. El Gobierno central decidió abandonar el consejo de administración de la sociedad avilesina y vender su participación como parte de su plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional. El Gobierno, a través de Sepides, filial de la SEPI, cuenta con el 35 por ciento de las acciones de la Isla de la Innovación, lo que supuso una aportación de 350.000 euros a la sociedad -sobre un total de un millón de euros-. Esta sociedad tiene el único objetivo de redactar el plan especial, que se debería aprobar en breve. El problema, no obstante, será el futuro desarrollo de ese proyecto, ya que el Estado es propietario de una parte importante de los terrenos afectados que, ahora, habría que expropiar para poder sacar adelante. La decisión del Estado, por tanto, sume en la incertidumbre un proyecto para el que se estima que sólo el desarrollo de las infraestructuras y la urbanización de los terrenos tendrá un coste aproximado de 250 millones de euros.
La sociedad de la Isla de la Innovación está participada, además, por el Principado (otro 35 por ciento), el Ayuntamiento de Avilés (un 25 por ciento de las acciones) y la Autoridad Portuaria (un 5 por ciento). La alcaldesa, Pilar Varela, mostró ayer su sorpresa por el anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy, de «desinvertir» en la sociedad y del que se enteró por los medio de comunicación. «No conozco aún el alcance de esa medida. Pero sí que me parece una decisión tomada desde lejos y con un gran desconocimiento, sin dialogar ni contactar con el resto de consejeros de la sociedad, en la que estamos representados el Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y el Puerto de Avilés, además de la propia Sepides», aseguró Varela. La Alcaldesa explicó que el único objetivo de la sociedad es la elaboración del plan especial de la Isla de la Innovación, «que ya está redactado». «Es una sociedad de interés común de las diferentes administraciones que forman parte de su consejo de administración», recalcó.
Varela aseguró que los recursos de la sociedad -el millón de euros- se emplearon en la redacción del plan. Argumentó, además, que Sepides es la propietaria «de una parte muy importante del suelo incluido en el plan». «Si Sepides abandona el consejo de administración de la sociedad, habrá que articular un nuevo mecanismo de relación para llevar adelante las previsiones del plan especial», reconoció la responsable municipal.
En medios próximos a la sociedad ponen en duda que el Estado pueda ahora, en tiempos de crisis, encontrar alguna entidad pública o privada interesada en adquirir su participación en una sociedad que está a punto de extinguirse. Y es que una vez se apruebe el plan especial, la sociedad desaparecerá y se tendrá que constituir una sociedad patrimonial que, entonces sí, será la encargada de desarrollar un proyecto que afecta a una zona que está llamada a cambiar la fisonomía de la ciudad.
