Teresa CEMBRANOS

Las administraciones autonómica y estatal adeudan al Ayuntamiento de Avilés unos cinco millones de euros, según puso de manifiesto ayer Ana Concejo, responsable de Hacienda, durante la celebración del Pleno municipal de marzo. Una parte de ese dinero corresponde a los ingresos de los tributos del Estado, otra a las liquidación del Principado y unos dos millones de euros es atribuible a otros conceptos.

«Fíjense cómo hubiera mejorado la solvencia del Ayuntamiento si ya contáramos con ese dinero», defendió Concejo, que antes oyó como los grupos de la derecha -PP y Foro- criticaban al gobierno por no haber sabido equilibrar las cuentas de 2011 y por haber «fundido» todo el remanente de tesorería durante el debate de la liquidación del presupuesto del pasado año. «Han gastado alegremente más de lo que podían y no cumplieron los criterios del plan económico-financiero», aseveró Pablo Sánchez Lorda, portavoz de Foro Asturias, mientras que Constantino Álvarez, su homólogo en el PP, acusó al PSOE de no haber calculado bien los ingresos por impuestos.

La responsable de Hacienda negó que su partido hubiera «hinchado los ingresos» y afirmó que el gobierno supo reaccionar a tiempo cuando detectó que no se cumplirían las previsiones. «Recortamos un 9,4 por ciento del gasto corriente. Hemos hecho ese esfuerzo y, además, manteniendo la calidad de las políticas sociales», aseguró. Concejo explicó, además, que la interventora municipal advirtió en un informe que para tener mejores resultados económicos el Ayuntamiento debería subir algunos impuestos, al menos el IPC.

«Pensábamos que la liquidez iba a arrojar datos más negativos por la situación, por eso nos alegramos de que aunque vivimos muy ajustados somos capaces de pagar las deudas, ningún mes se ha retrasado el pago de las nóminas y somos capaces de mantener intervenciones», explicó la alcaldesa, Pilar Varela.

Concejo anunció, además, que ha encargado a los técnicos municipales un estudio para ver qué medidas habrá que adoptar para afrontar la subida de un 17 por ciento en el recibo de la luz que barrunta el Ministerio de Industria. «Es una barbaridad», afirmó la edil socialista.

En el Pleno, que duró cinco horas, también se debatieron sendas mociones en contra de la reforma laboral. Al final, tras un arduo debate entre los grupos sobre la idoneidad o no del plan del Gobierno de Rajoy, salió aprobada la propuesta del PSOE con los votos de IU en la que se insta al Gobierno de España a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo.

La oposición -Foro, PP e IU-, además, aprobó otra moción en la que insta al gobierno local a redactar una ordenanza que regule la tenencia de animales domésticos en el municipio. El PSOE rechazó tal medida porque cree que si se aprueba esa normativa «podría impedir llegar a acuerdos con otros concejos de la comarca» para instalar un albergue de animales, según explicó el edil Luis Ramón Fernández Huerga.

En la sesión plenaria se aprobaron, además, una modificación del Plan Urbano para permitir la instalación de ascensores en el exterior de los edificios así como la cesión a Ruasa de una parcela en Villalegre. En el turno de ruegos y preguntas, el PP solicitó al gobierno local la instalación de aparcamientos para bicicletas en zonas muy transitadas, como la plaza de España o el parque del Muelle.