Castrillón

El juez obliga al Ayuntamiento a resarcir a la familia de la casa demolida en La Lloba

Los Mesa reclamaban al municipio una indemnización de 57.000 euros por responsabilidad patrimonial que la sentencia deja en 43.800

 03:22  
Moisés Mesa, contemplando el derribo de su vivienda, el 30 de julio de 2009, en La Muriégana.
Moisés Mesa, contemplando el derribo de su vivienda, el 30 de julio de 2009, en La Muriégana. miki lópez

Piedras Blancas,

Inés MONTES

Una sentencia judicial da la razón a la familia Mesa en la reclamación que había presentado contra el Ayuntamiento de Castrillón por responsabilidad patrimonial tras el derribo de una vivienda de su propiedad ubicada en el núcleo de La Muriégana, en La Lloba. Los afectados reclamaban al Ayuntamiento 57.662 euros. El fallo judicial les da la razón y fija la indemnización que 43.800 euros.

La familia Mesa tuvo que demoler la vivienda tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que dio la razón a un vecino que la había denunciado por un problema de lindes. El problema de la familia comenzó hace más de una década con la denuncia del vecino que alegó que la casa de los Mesa no guardaba la distancia mínima con su granja de conejos. El largo proceso judicial concluyó con el derribo de la vivienda ubicada en La Muriégana, el 30 de julio de 2009. Asimismo, el Tribunal Superior, por aquel entonces también impuso a la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina (IU), una sanción de 400 euros por el retraso en el derribo de la vivienda.

Una vez demolida la casa de La Muriégana, Mesa presentó un recurso por responsabilidad patrimonial alegando que el 1 de diciembre de 2003 la comisión de Gobierno del Ayuntamiento, formada por IU y PSOE, legalizó la vivienda y le concedió la licencia de obra para realizar trabajos de reforma. En concepto del Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICO) abonó al Ayuntamiento 3.446 euros. En aquel momento la casa estaba valorada en 66.000 euros. Mesa realizó las obras y cuando el 30 de julio de 2009 se demolió, la vivienda estaba valorada en 114.182 euros, un incremento de valor de la propiedad que los propietarios esgrimieron también ante el juez. Los afectados se preguntaban que si la casa incumplía la normativa, por qué el Ayuntamiento les dio el permiso de obra y la licencia de ocupación.

La familia reclamó al Ayuntamiento el incremento del valor de la propiedad. «La sentencia nos da la razón pero el daño moral está hecho y no se puede solucionar», explicó ayer Nelita Mesa, que casi tres años después del derribo de la demolición de la casa asegura que no ha superado los problemas de salud que le provocó la decisión judicial.

Tras quedarse sin la casa, los Mesa instalaron en la finca de su propiedad una caravana que finalmente también tuvieron que abandonar por exigencias del Ayuntamiento. «La justicia es así, nosotros seguimos con problemas porque no nos dejaron ni estar en la caravana ni dejar algunos muebles debajo de un tendejón, pero el vecino que nos denunció es el número cuatro de la lista del PSOE en Castrillón», explicó.

El Ayuntamiento de Castrillón puede recurrir la sentencia judicial, una decisión que a Nelita Mesa ya no le quita el sueño. «Con la indemnización que fija el juez tenemos para pagar el coste de la demolición de la casa, como mucho», sostiene. Los Mesa ya han perdido la cuenta de los gastos que les supuso el largo proceso judicial que duró más de una década, el pago de la hipoteca de la vivienda y luego los trabajos de demolición, además de las obras de mejora que había autorizado el Ayuntamiento de Castrillón.

La casa de La Muriégana es la única derribada por orden judicial en muchos años en el municipio. La primera denuncia del vecino colindante la ganaron los Mesa, después otro juez dio la razón al contrario y así hasta que en julio de 2009 la piqueta terminó con el edificio de una planta más desván que estaba rodeado de un alegre jardín.

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