E. CAMPO
La sociedad de la Isla de la Innovación tiene previsto finalizar el plan especial para desarrollar los suelos de la margen derecha de la ría pese a la espantada del Estado, que anunció su salida de esta entidad en el marco de sus planes de ahorro. Así lo indicó ayer el gerente de la Isla, Santiago Caicoya, quien explicó que la decisión de la Administración central es difícil de materializar, ya que posee unas acciones difíciles de vender, y que en cualquier caso la misión de la sociedad continúa en vigor: concluir el documento que determinará el diseño y modelo de desarrollo de esos suelos. Un equipo multidisciplinar liderado por el arquitecto Ignacio Alcalde ultima ya los trabajos para la aprobación del plan especial, bajo la supervisión de Caicoya.
«La sociedad sólo morirá cuando se acabe de redactar el proyecto, como estaba previsto», aseguró el gerente de la Isla de la Innovación. Otro cantar será lo que ocurra después, ya que la sociedad actual quedaría disuelta en ese momento y tendría que ponerse en marcha una sociedad patrimonial para el desarrollo de la actuación, que requerirá del consentimiento y de la aportación económica de todos los socios, Estado incluido. Es decir, uno de los escenarios posibles es que el documento quede guardado en algún cajón, al menos durante los próximos años. Y eso aun en el caso de que el PSOE consiga los socios necesarios como para que el plan especial reciba el visto bueno del Pleno.
La noticia de la espantada del Estado ha sentado como una bomba en el resto de miembros del consejo de administración de la Isla. «El Estado propuso desinvertir, de forma genérica, en las sociedades en las que tiene representación. Pero la casuística de la Isla de la Innovación es particular, porque incluso si venden las acciones, seguirán siendo propietarios del terreno», explicó Santiago Caicoya, que hizo ver que, como dueño mayoritario de los suelos, el Estado no puede desentenderse de su desarrollo. La Administración central tiene las acciones correspondientes a los 350.000 euros que aportó como socio fundador. «El Estado no tendrá fácil desembarazarse de la Isla de la Innovación», advirtió Caicoya.
La puesta en marcha de una sociedad patrimonial no es la única fórmula para desarrollar estos suelos, pero otros modelos complicarían la operación, máxime en un momento de dificultad económica. Así, el Ayuntamiento podría urbanizar los 570.000 metros cuadrados de suelos, pasando después la factura a los propietarios. El modelo que estaba previsto en este caso era que los propietarios mayoritarios se unieran en una junta de compensación y se expropiara al resto.
En cualquier caso, la sociedad actual cuenta ya con el capital necesario para pagar el plan especial de la nueva centralidad, que es el dinero aportado de forma inicial por los socios: en total, un millón de euros. Según fuentes próximas a la sociedad, el compromiso de los socios para hacer esa contribución monetaria es firme y no se puede anular fácilmente. La posible anulación del capital del Estado es una de las cuestiones que se abordarán en la próxima reunión de la sociedad de la Isla de la Innovación, que Fomento convocará de forma urgente.
