Piedras Blancas,

Inés MONTES

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado una sentencia en la que rechaza el recurso de apelación presentado por Izquierda Unida contra la adjudicación de la gestión del servicio municipal de aguas a la empresa Aqualia. Contra este fallo judicial no cabe interponer recurso ordinario alguno y el tribunal impone el pago de las costas a IU.

IU presentó un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario de 12 de mayo de 2010 por el que se adjudicó el contrato a Aqualia. La adjudicación fue aprobada entonces por mayoría absoluta por los grupos municipales del PP y el PSOE. El Pleno había sido convocado para ejecutar una sentencia de 2008 que anuló el acuerdo plenario de 6 de octubre de 2006 por el que se adjudicó el agua a Aqualia.Una posterior sentencia del 29 de julio de 2011 desestimó el recurso de IU, que apeló el fallo judicial que ahora confirma el tribunal dando por cerrado el proceso judicial y por tanto legalizando la adjudicación del servicio a Aqualia.

En el Pleno del 12 de mayo de 2010 IU presentó una propuesta para declarar desierta la adjudicación, iniciativa que fue rechazada en la sentencia de julio de 2011 y ratificada por el último fallo judicial. En la sesión plenaria de hace dos años, el PSOE presentó una enmienda que fue finalmente la que se aprobó, con los votos también del PP, en la que se incluía un informe jurídico del secretario municipal sobre la forma de ejecutar la sentencia de 2008. En el contencioso, IU hacía referencia a la falta de informes del secretario, extremo que se rechaza en los dos fallos judiciales ya que los jueces sostienen que sí hay informes.

Tras la sentencia de julio de 2011 y como resultado de otro proceso judicial, el tribunal obligó a la alcaldesa, Ángela Vallina, a firmar el contrato con la empresa, acto que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2011. A los pocos días, la empresa solicitó a la alcaldesa la convocatoria de un Pleno en el que se acordaran cuáles son las obligaciones ya cumplidas por Aqualia y para introducir las adaptaciones necesarias en el contrato. Todo ello en cumplimiento de los informes emitidos por el secretario y el interventor del Ayuntamiento. La convocatoria de ese Pleno está pendiente también de la resolución de otro litigio judicial.

Las obligaciones ya cumplidas, según la empresa, son el pago del canon de 3 millones de euros, las inversiones ya ejecutadas y las modificaciones que han afectado al personal desde el 1 de enero de 2007, fecha en la que entró en vigor el primer contrato. El acuerdo tiene una duración de 25 años a contar desde el 1 de enero de 2007 e incluye un plan de inversiones de 8,1 millones de euros en ese periodo. De esa cantidad hay que descontar las inversiones realizadas en los últimos 5 años, según Aqualia.

La empresa también ha presentado una reclamación judicial por daños y perjuicios. Aqualia pide al Ayuntamiento de Castrillón y subsidiariamente a la alcaldesa, 2 millones de euros por responsabilidad patrimonial por los daños causados por el tiempo transcurrido entre la aprobación de la adjudicación el 12 de mayo de 2010 y la firma definitiva del contrato el 14 de noviembre de 2011.

IU también tiene recurrida la composición de la comisión de seguimiento del agua que aprobó la nueva Corporación tras las elecciones municipales de mayo de 2011 y en la que los tres grupos de la oposición municipal el PP, Foro Asturias y el PSOE han puesto a un representante cada uno, un acuerdo plenario que el gobierno municipal de IU rechaza.