F. L. JIMÉNEZ
La Conferencia Sectorial de Pesca, reunida el pasado lunes en Madrid bajo la presidencia del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dio el primer paso para adaptar la política pesquera española a los deseos del Gobierno del PP, que en buena medida coinciden con los postulados que dicta la Unión Europea. Los consejeros de las diferentes comunidades autónomas españolas con fachada marítima participaron en las deliberaciones.
El área pesquera del Ministerio que dirige Arias Cañete acordó constituir sendos grupos de trabajo cuyos cometidos dejan claro por dónde van a ir los tiros en el sector durante los próximos cuatro años. La primera de esas comisiones tiene por objetivo, «respondiendo a las obligaciones derivadas de la Política Pesquera Común (PP)», según precisaron en fuentes ministeriales, «asegurar la coordinación de las actuaciones de control de la actividad pesquera de manera integral, armonizar los criterios de aplicación de las normas y reaccionar de forma conjunta a los problemas que puedan surgir». A la segunda comisión se le encarga «ordenar al caladero nacional» como forma de alcanzar un aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros desde la óptica de la sostenibilidad de los recursos.
El primero de los grupos de trabajo no es más que la concreción de lo ya avanzado en estas mismas páginas el pasado mes de febrero: el Gobierno español no quiere estar bajo sospecha de Bruselas por supuestos excesos pesqueros y, en ese sentido, reforzará todas las medidas a su alcance -en especial las inspecciones- para que no se pesque ni más de la cuenta ni especies prohibidas. Los pescadores asturianos critican ese planteamiento y rechazan la «criminalización» de la que dicen ser objeto.
Según divulgó el Ministerio de Agricultura al término de la Conferencia Sectorial de Pesca, «el grupo de trabajo encargado de evaluar el estado de los caladeros y la dimensión de la flota española analizará en una primera fase, con asesoramiento científico, los recursos pesqueros por pesquerías homogéneas y en segundo lugar diagnosticará la situación de la flota, teniendo en cuenta tanto la dimensión de la misma como el empleo o el esfuerzo medido en días de pesca; con los datos obtenidos se realizará un estudio pormenorizado de las medidas de gestión pesquera en vigor y se propondrán las mejoras necesarias».
Los técnicos ministeriales señalaron también que, a su juicio, es preciso realizar un seguimiento de los 19 planes de ajuste pesquero existentes en España por modalidades de flota y caladeros. Todo esto en un Ministerio que en el próximo presupuesto verá recortada su asignación económica en un 25 por ciento.
