E. CAMPO

«El Ayuntamiento no tiene ninguna prisa de que la urbanización de Gaxín salga adelante». El portavoz del PP, Constantino Álvarez, realizó ayer esta acusación tras comprobar que la administración local todavía no realizó las notificaciones a los propietarios, 20 meses después de la aprobación inicial del plan de actuación. «Yo pensaba que la pelota estaba en el tejado de los propietarios, que se estaban haciendo los suecos por la situación de crisis, y el Ayuntamiento miraba para otro lado. Pero, para mi sorpresa, el concejal de Urbanismo reconoció que se está todavía realizando el trámite de notificación», indicó Álvarez. El portavoz popular realizó esta consulta al edil de Urbanismo, Teófilo Rodríguez, en el marco de la comisión de área que se celebró esta semana.

Álvarez se interesó por las dos actuaciones prioritarias que se incluyen en el Plan General de Ordenación Urbana: los suelos residenciales de Gaxín -donde está prevista la construcción de 3.000 viviendas, en gran parte de protección oficial, en los terrenos próximos al Hospital San Agustín- y los industriales de Retumés -donde se siguen buscando soluciones para los accesos. «Es una paradoja que declaren algo como prioritario y seis años después tengamos que preguntarnos qué pasó con esos suelos».

El 20 de junio de 2010 el Pleno avilesino realizó la aprobación inicial del plan de actuación de Gaxín, y ahora es necesaria su notificación a todos los propietarios antes de la aprobación definitiva del documento y que siga avanzando la tramitación. «Si declaramos unos suelos prioritarios hay que ser conscientes de a lo que nos comprometimos; el Ayuntamiento no está haciendo los deberes, deja mucho que desear su actuación», indicó Constantino Álvarez. Es más, aseguró que es «para echarse las manos a la cabeza». «Casi habría que pensar mal, que el gobierno está echándoles un capote a los promotores; pero es que cuando compraron esos terrenos eran conscientes de las reglas de juego, de que eran suelos prioritarios con un alto porcentaje de vivienda protegida».

Álvarez ve «negligencia política» y subraya la preocupación de los pequeños propietarios que residen en los suelos urbanizables y que no saben cuándo expropiarán sus viviendas. Y la respuesta va para largo. «Todavía está pendiente de aprobar el plan de actuación, luego realizar la segunda notificación con acuse de recibo a todos los propietarios, publicarlo en el Boletín del Principado, y a continuación se abre un plazo de dos meses para constituir la junta de compensación y para que el Ayuntamiento envíe la escritura a la Comisión de Urbanismo para su inscripción», enumeró Álvarez. A partir de ahí comenzará un plazo de seis meses para poner en marcha el proyecto de expropiación. «Si para un simple trámite el Ayuntamiento le dedica más de 20 meses, es que no está haciendo los deberes», indicó el edil popular.

Por otra parte, Constantino Álvarez continúa reclamando al gobierno socialista la celebración de una comisión de Urbanismo monográfica sobre las actuaciones de Sogpesa en el concejo. La sociedad regional es la responsable del desarrollo del polígono industrial de Retumés.