Ambiente caldeado en los muelles avilesinos
 

El Puerto pretende legalizar su consejo de administración con una solución «amistosa»

El presidente del ente confía en la responsabilidad de los interesados para evitar la anulación de acuerdos por la aplicación de una sentencia del TSJA

27.03.2012 | 05:25

Francisco L. JIMÉNEZ

La Autoridad Portuaria de Avilés desistió de su derecho de recurrir en casación ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anuló la constitución del consejo de administración del Puerto al considerar que hubo un defecto grave de forma consistente en no haber solicitado al Consejo Consultivo Económico y Social de Asturias un informe que es preceptivo en esos casos. Raimundo Abando, presidente del Puerto de Avilés, confirmó ayer que la entidad no ejercerá el derecho a recurso «porque el error que cometió el Gobierno de Areces es flagrante e indiscutible; no se pidió, como era obligatorio, un informe al Consejo Consultivo y las consecuencia son las ahora conocidas; recurrir sería una pérdida de tiempo y de dinero porque el Supremo volvería a quitarnos la razón».


Descartada la vía jurídica, lo que pretende ahora la Autoridad Portuaria de Avilés -y también la de Gijón, pues el puerto vecino se encuentra en el mismo caso- es subsanar el defecto de forma «amistosa» o, cuando menos, de la manera menos traumática posible. «Pediremos el informe de marras al Consultivo y con él en nuestro poder, siempre y cuando sea positivo como confiamos, el siguiente paso sería que el Principado procediese al nombramiento del consejo mediante decreto», explicó Abando.


Lo que queda en el aire es qué ocurriría si algún particular, empresa u organismo que se sienta perjudicado por alguno de los acuerdos tomados en estos últimos meses por el Puerto decide solicitar la anulación de esas decisiones, que están viciadas de anulabilidad desde el mismo momento en que el TSJA declaró nulos los consejos de administración de los puertos estatales asturianos. Tanto es así que la semana pasada, en una demostración de cautela, el presidente de El Musel, Emilio Menéndez, decidió suspender la celebración de un consejo del puerto gijonés para evitar que los posibles acuerdos a adoptar pudiesen ser deshechos posteriormente echando mano de la sentencia del TSJA.


La organización que promovió la anulación de los consejos portuarios fue la UGT de Asturias, que acudió a los tribunales quejosa por la pérdida de representatividad en los consejos portuarios asturianos cuando el Gobierno de Zapatero redujo el número de miembros en los consejos de entidades públicas (pasó de tener un representante en cada puerto a uno solo entre los dos). El servicio jurídico de la UGT de Asturias aseguró ayer que si bien el sindicato no tiene intención de «hacer daño» solicitando la anulación de acuerdos pasados tomados en los puertos asturianos, volverá a recurrir «las veces que haga falta» la composición de los consejos si éstos se vuelven a formar con el mismo planteamiento excluyente que desató la polémica.

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