Teresa CEMBRANOS
El Gobierno local (PSOE) mantiene su empeño de volver a convocar los planes de empleo, algo que es ya una exigencia por parte de las secciones sindicales. Sin embargo, casi dos años después de que el Ayuntamiento de Avilés se tuviera que enfrentar a un aluvión de demandas de ex beneficiarios pidiendo ante el juez su reincorporación y, luego, ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a esas personas, la situación apenas ha cambiado.
Así, sigue sin establecerse, como reclamó el PSOE, un marco jurídico que evite sentencias que propicien que un beneficiario de los programas de adquisición de experiencia obtengan el derecho a convertirse en trabajador indefinido no fijo. «Hasta que no tengamos garantías jurídicas no podremos convocar más planes de empleo. Y para eso es necesario que bien el Principado bien el Estado establezcan muy bien los requisitos en las convocatorias públicas. Si no, se podrían repetir los problemas con reclamaciones similares», afirmó Pedro García, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Avilés.
El edil socialista recalcó que el problema con los planes de empleo no es exclusivo de Avilés, ya que también en otros ayuntamientos se enfrentaron a sentencias condenatorias. La peculiaridad en el caso avilesino es la existencia de una cláusula en el convenio colectivo municipal que permite a los trabajadores, en caso de que se declare un despido improcedente, elegir entre la readmisión o indemnización. Y eso tampoco se ha tocado. «No hubo voluntad de negociación para evitar la cláusula», afirmó Amado González, secretario comarcal de UGT.
El líder sindical tacha de «lamentable» que en plena crisis económico y con las cifras tan elevadas de paro no haya planes de empleo en el Ayuntamiento. «El gobierno tiene que sentarse y negociar con los sindicatos y no levantarse de la mesa hasta que se llegue a un acuerdo. A los gobernantes hay que pedirles sinceridad y ganas de resolver los problemas, aunque a veces dudamos de que tengan esa voluntad. Negociar no es imponer», argumentó González. Comisiones Obreras también aboga por recuperar tanto los planes de empleo como los complementarios y también instan al gobierno socialista a negociar y a dialogar con las partes implicadas.
Un ejemplo de que es posible el acuerdo entre sindicatos y gobierno es el pacto alcanzado para la contratación con cargo al plan joven del Principado. Entonces, se decidió que la cláusula de reinserción no pudiera ser utilizada en el caso de fallos judiciales contrarios a los intereses del Ayuntamiento de Avilés.
La alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, cifró en su día en 2,25 millones de euros el coste anual de contratar a las 113 personas de los planes de empleo que tenían la posibilidad de pleitear contra el Ayuntamiento y ganar en sentencia judicial el derecho a quedarse en el Consistorio como personal indefinido no fijo. Y fue por ese motivo por el que solicitó a la dirección general de Trabajo autorización para ejecutar un despido colectivo alegando motivos económicos, organizativos y productivos. Y fue concedido. Varela estimó además que el Ayuntamiento iba a gastar en salarios de tramitación y sueldos a trabajadores que cobraban sin ir al Ayuntamiento, además de juicio, «no menos de 900.000 euros». Ya entonces advirtió de que no iba a convocar planes de empleo en Avilés hasta que no hubiera un marco jurídico-laboral seguro.
