Francisco L. JIMÉNEZ
La propuesta del Ministerio de Industria de incrementar hasta un 75 por ciento la remuneración que reciben las grandes empresas como Alcoa, AZSA y Arcelor en concepto de interrumpibilidad eléctrica (esto es, su disposición a liberar kilovatios en caso de que el sistema eléctrico los necesite para otros fines) disgusta profundamente a la Fundación Renovables, uno de los «lobbies» españoles que apoya el desarrollo de las energías «verdes». A diferencia de quienes ven en la orden ministerial que prepara el departamento de José Manuel Soria la solución a la crisis abierta por la amenaza de la gran industria de irse de España si no se abarata su factura eléctrica, la Fundación Renovables sólo ve problemas en el documento: encarecimiento del precio de la luz que pagan los consumidores particulares y las pymes, supeditación de las decisiones energéticas a intereses electorales, incremento del déficit tarifario y aumento de la inseguridad jurídica en el sector eléctrico.
«La propuesta de modificación de la orden que regula la interrumpibilidad eléctrica que ha sido remitida a la Comisión Nacional de Energía es un nuevo disparate de la errática política energética con el agravante de que, en esta ocasión, la supeditación a los intereses electorales del PP es flagrante (celebración de comicios autonómicos en Galicia, donde Alcoa tiene dos fábricas)», opina la Fundación Renovables en un comunicado que ayer hizo público. El presidente de este grupo de presión es Javier García Breva, quien a su vez es presidente de la sección de productores de energía solar fotovoltaica de la patronal española de las renovables.
A juicio de la Fundación Renovables, «la decisión de cargar 700 millones de euros al recibo de la luz significa un desprecio absoluto a los consumidores eléctricos porque supone un incremento de los costes regulados que se trasladará en futuras subidas al precio de la luz y más déficit tarifario, justo lo contrario de lo que se propuso el ministro Soria. Y añade además: «Ahora se puede entender mejor la insistencia del Gobierno en cargarse las renovables para mantener tantas subvenciones encubiertas; la tarifa de la luz se sigue rigiendo por un criterio político y ese es el origen de todos los problemas energéticos de España».
El «lobby» pro energías renovables advierte, además, de que la decisión del Ministerio de Industria puede sufrir un revolcón en toda regla cuando tenga que pasar el filtro de la Unión Europea: «Los pagos (por la diferencia del precio eléctrico que no abonará la industria) van a recaer una vez más en el consumidor, pero al vincularse como contraprestación al aumento de los precios de la electricidad pueden ser considerados por Bruselas como ayudas de Estado. En cualquier caso, esta iniciativa, como la de no "castigar" las importaciones de biocombustibles de Argentina en contra de lo anunciado hace meses, pone en evidencia que la política energética española se aleja cada vez más de los retos que tiene planteados nuestro país y aumenta en cada paso la inseguridad jurídica».
El mismo comunicado también señala como «incongruente» que los mismos argumentos que le valieron al ministro Soria para defender el recorte de las primas a la interrumpibilidad eléctrica el pasado mes de febrero sirvan ahora para lo contrario: para justificar un aumento de las retribuciones que recibirán las industrias por su disponibilidad a apagar la luz cuando sea necesario.
