F. L. JIMÉNEZ
Por más que las autoridades sanitarias asturianas traten de tranquilizar los ánimos de los trabajadores de Azsa y de las subcontratas, así como los de la población que vive cerca de la fábrica de San Juan de Nieva, el estado de ánimo de estos colectivos está muy lejos de esa pretendida tranquilidad. En las últimas horas, además, se ha producido un hecho que vino a enfurecer aún más a los residentes en San Juan de Nieva, el núcleo poblado más cercano a Azsa; se trata, según la versión que dio del asunto el presidente de la asociación de vecinos, Juan Requena, de la negativa del personal del consultorio de Raíces (su centro sanitario de referencia) a hacer analíticas de metales pesados a los usuarios.
«Esto es intolerable; la gente está muy sensibilizada con este asuinto del mercurio y algún vecino solicitó hacerse una analítica por precaución; la respuesta fue que no, que hay una orden de frenar la realización de esas pruebas. Incluso se sugirió a los solicitantes que si querían análisis los fueran a hacer a una clínica privada», relató Requena. Un portavoz de Sanidad aseguró a LA NUEVA ESPAÑA que no hubo orden alguna para dejar de hacer analíticas de metales pesados, sino que tan solo se está aplicando el procedimiento habitual: «La demanda de servicios médicos no se hace a la carta y según deseos del paciente, sino que son los profesionales los que deciden cuándo y qué pruebas hay que realizar. En ese sentido, si un médico entiende que es oportuno hacer una analítica de esas características se hará, sin ninguna duda; en caso contrario, no procede».
Enterada del asunto, la alcaldesa de Castrillón, Ángela Vallina (IU), habló ayer por teléfono con el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, al que notó «a la defensiva». Posteriormente un responsable de Salud Pública explicaría a Vallina que no es necesario hacer analíticas a la población de forma generalizada «porque el problema está controlado». La Alcaldesa, no obstante, no se fía y pidió ver la documentación que prueba esa afirmación.
