La Iglesia católica apenas paga el cinco por ciento de lo que le correspondería en el recibo de la «contribución» por todos los bienes que tiene repartidos por Avilés. El Ayuntamiento cobrará este año a la institución 7.697,92 euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En el padrón municipal consta que la Iglesia católica es propietaria de 82 inmuebles con una valoración catastral de 24,6 millones de euros y por los que tendría que abonar por ese impuesto 141.505 euros.
Sin embargo, de todas sus propiedades, 68 están exentas del pago de la «contribución «bien por la Ley de Mecenazgo bien por el acuerdo del 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español», según explicó la concejala de Hacienda, Ana Concejo. Por el resto, 14, el Ayuntamiento le pasa el recibo a la Iglesia. Esos inmuebles, excepto 22 que son religiosos, tienen usos residencial, comercial, industrial, oficinas, sanidad, almacén y beneficiencia.
Los propietarios de los edificios y locales son la diócesis de Oviedo y el Arzobispado, las Hermanitas de los Ancianos desamparados Teresa Jornet, Hijas de la caridad de San Vicente de Paul y Ángel de la Guarda provincial. En el listado no están incluidos los colegios concertados ya que en esos casos asume el pago de la «contribución» el Principado de Asturias.
Avilés fue uno de los primeros lugares donde se reclamó de manera oficial -a través de una aprobación plenaria- la retirada de los «privilegios» a las confesiones religiosas, sobre todo a la Iglesia católica. Así, PSOE e IU aprobaron por mayoría absoluta el pasado año una moción para instar al Gobierno estatal a suprimir de la Ley de Haciendas Locales la exención del IBI a la Iglesia católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza. También se requería al Parlamento español a que derogue (o se incumplan) los acuerdos del Estado con la Santa Sede, especialmente el de asuntos económicos «ya que la Iglesia católica los incumple en lo concerniente a su autofinanciación y, consecuentemente, se elimine del IRPF la casilla de asignación a la Iglesia católica».
En la moción aprobada por los socialistas y la coalición se instaba también a las Cortes Generales a que hagan «las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y leyes estatales y autonómicas para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la Iglesia católica y a otras entidades jurídicas». Por el momento, esas peticiones no han tenido eco en el gobierno estatal.
