«España necesita reforzar las políticas activas y de forma drástica el Servicio Público de Empleo. Cada uno de sus empleados tiene que atender a 600 trabajadores. En otros países esa cifra no llega a diez». Así de tajante se mostró ayer en La Granda Ana Lamo Rubio, economista del Banco Central Europeo (BCE), que también se refirió a la necesidad de «dar prioridad a la formación y la educación, fortalecer los vínculos entre políticas activas y pasivas con itinerarios individualizados para los desempleados» y a «impulsar la cooperación público-privada en la reinserción de parados».
Buena parte de sus planteamientos están recogidos en las reformas que está impulsando el Gobierno en esta materia. La directora general del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zatarín del Valle, cifró en 3.804 millones de euros lo que aporta el Estado a las políticas activas. De esta suma el 22 por ciento van hacia acciones y medidas de empleo, el 26 a bonificaciones para el fomento de la empleabilidad y el 52 por ciento restante a formación.
Ana Lamo expuso que más del 55 por ciento de los desempleados españoles llevan más de un año sin trabajo, que el paro juvenil se encuentra en el 56 por ciento y que la tasa de abandono escolar es de 1,1 millones de jóvenes. Se refirió a la «inadecuada formación». «Sólo el 19 por ciento de los trabajadores tienen educación vocacional y ha sido adquirida en la escuela. En otros países el régimen es dual o llega a la empresa», señaló. Lamo incidió en que «las políticas activas de empleo tienen que tener muy en cuenta a los mayores». «Es España hay 1,6 millones de parados mayores de 45 años y el 75 por ciento tienen menos de 55 años. El 70 por ciento no tienen más allá de la educación obligatoria y un tercio lleva más de tres años en desempleo», planteó.
